Tras manifestar su rechazo a las normas 30 y 31, con las que se pretende regular la construcción de vivienda en el Distrito Federal, la Red en Defensa de la Ciudad de México exigió la renuncia de los titulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, Simón Neumann Ladenzon, y de Medio Ambiente, Tanya Müller.

Explicaron que el primero es el promotor de dichos ordenamientos, que permitirían a las constructoras erigir desarrollos con los niveles que deseen. Y acusaron a la segunda de dar el visto bueno a todos los proyectos que aprueba la Seduvi, sin importar las afectaciones ambientales que generan.

Integrada por comités vecinales de las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco, en conferencia de prensa hizo un llamado a todas las organizaciones vecinales y sociales a que se unan para evitar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) apruebe dichas normas, pues se pretende tener un manejo discrecional del uso de suelo en beneficio de los cuates de Neumann, quien, recordó, también es empresario del ramo inmobiliario. Agregó que la secretaria de Medio Ambiente sólo está sirviendo de apoyo a la destrucción de la ciudad.

En voz de Miguel Valencia, los vecinos integrantes de la red señalaron que Neumann –a quien se refirieron como un empresario con muchos años acostumbrado a pensar únicamente en la rentabilidad de inversiones privadas– promueve ideas radicales que afectan la vida de millones de personas y propone un nuevo desarrollo urbano, que implica grandes cambios en el uso de suelo, así como la expulsión de decenas de familias de sus colonias, barrios, pueblos y ejidos; cientos o miles de demoliciones de edificaciones antiguas y una verticalización brutal de la ciudad de México.

Todo ello, agregó, sin consultar a los vecinos, sin transparencia sobre los proyectos y con mucho gasto en publicidad y relaciones públicas, para hacer una cortina de humo que oculte los grandes negocios público-privados.

Manifestó que con la pretensión de imponer las normas 30 y 31, se confirma que la intención es que los empresarios puedan alterar el uso de suelo y violar los programas de desarrollo urbano de colonias y delegacionales. Lamentó que la ALDF esté tan sojuzgada y no haya hecho una consulta ciudadana en torno a este tema.

Por ese motivo, dijo, queremos influir en los grupos vecinales de toda la ciudad y movimientos sociales, como el Movimiento Urbano Popular, el Frente de Anáhuac y el Congreso Popular, para que unidos puedan ejercer presión política para frenar los nuevos ordenamientos y construir desde la sociedad civil un nuevo modelo de ciudad.