Los gobiernos de los países centroamericanos deben asumir su responsabilidad en la crisis humana que viven los migrantes indocumentados, en vez de evadirla y tratar de resolver el tema con un enfoque de seguridad nacional que no prioriza el bienestar de las personas, afirmó Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino.

Durante una serie de visitas que realizó ayer a las embajadas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, con la compañía de migrantes de esos países, el sacerdote enfatizó que las autoridades de la región –incluidas las mexicanas– se han desempeñado como administradores de las familias más ricas, que han provocado el despojo y el desplazamiento forzoso de miles de personas.

Quiero recordarle a los tomadores de decisiones (de estos países) que son ellos los que tienen la responsabilidad de esto, que no pueden pasarse la bolita como si fuera una cuestión de seguridad, cuando no es así: estamos hablando de personas, manifestó Solalinde antes de ingresar a la embajada hondureña, donde se reunió con su titular, José Mariano Castillo Mercado, a quien le entregó una carta.

El cura subrayó que el presidente de aquel país, Juan Orlando Hernández, únicamente es el administrador de las seis familias que son dueñas de la mayor parte de la riqueza de ese gran latifundio que es Honduras, con el apoyo del arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Rodríguez Madariaga, quien ha bendecido esta desigualdad.

En ese mismo sentido, consideró que Enrique Peña Nieto no es tampoco el presidente de México, sino un representante de los sectores pudientes y de los dueños del capital financiero mundial, y lamentó que el país haya abandonado su tradición hospitalaria para subordinarse a la política exterior de Estados Unidos.

Asimismo, Solalinde lamentó que el gobierno de Honduras acepte recibir a niños deportados desde Estados Unidos a cambio de dinero, aunque su seguridad esté en riesgo, por lo que propuso que los migrantes centroamericanos puedan permanecer en México –bajo la observación de organismos internacionales y la Iglesia católica– hasta que sus gobiernos puedan garantizar su integridad.

El activista hondureño Wilson Alexis Stothart, quien estuvo presente en la reunión con su embajador, deploró que éste les haya dicho que no tiene facultades para resolver sus demandas, y denunció que su gobierno adopta ante México la misma posición sumisa que tiene México con Washington.

Por su parte, el Movimiento Migrante Mesoamericano advirtió, en un análisis titulado Migración forzosa, que decenas de miles de personas en Centroamérica se ven obligadas a huir de su territorio “expulsadas por la pobreza y la amenazas inminentes de muerte, y en el país de tránsito padecen extorsiones del crimen organizado, secuestros y ejecuciones. Y si logran llegar a su destino, son deportados”.

Por ello, consideró urgente que se apliquen los protocolos internacionales que definan esta situación como una crisis de la mayor envergadura y se declare a esta población en movimiento como víctimas de violencia extrema y, por ende, refugiados y objeto de protección internacional.