Aun cuando desde hace 35 años prácticamente todos los países de América Latina tienen regímenes democráticos –con diferentes matices–, en la región 28 por ciento de los habitantes viven en condiciones de pobreza y es la zona con mayor desigualdad del planeta, con la tasa de homicidios más elevada y altos niveles de corrupción, lo cual repercute en la consolidación de la democracia.

Aseveró lo anterior Daniel Zovatto, de la organización IDEA Internacional, al dictar una conferencia magistral durante el seminario internacional Derechos políticos, instituciones electorales, sistema de gobierno y democracia, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El especialista en el estudio de la democracia indicó que las desigualdades, la marcada debilidad de las instituciones, los altos niveles de corrupción y la violencia en los países de la región han causado insatisfacción ciudadana. Y aseguró que una democracia de calidad es incluyente, gobernable y sostenible en el tiempo.

Apuntó que una de las principales amenazas para la democracia es la desigualdad (social, económica y cultural), por lo que si los países de América Latina quieren consolidar ese sistema deben erradicar ese flagelo.

Explicó que en la década de los 70, en varias naciones latinoamericanas existían regímenes autoritarios y dictatoriales, aunque desde hace 35 años en la mayoría de los 18 países de la región existen sistemas democráticos, con diferentes escalas, pero aún tienen mucho que avanzar.

Muchos de estos países cuentan con un sistema basado en elecciones, donde la democracia se reduce a pedir el voto de los ciudadanos y, una vez alcanzada esta meta, los representantes se olvidan de ellos y sólo se les vuelve a tomar en cuenta para el siguiente proceso comicial.

Daniel Zovatto presentó varias estrategias para consolidar la democracia en la región, como fortalecer las instituciones, tanto electorales como de representación; pasar de la democracia electoral a una ciudadana, donde se garanticen todos los derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales; garantizar elecciones con integridad, así como instituciones y liderazgos de calidad, pues muchas veces las oposiciones sólo son eso y no representan una alternativa.

En el seminario también participaron Diego Valadés y César Astudillo, del IIJ y coordinadores del acto; Alfredo Orellana, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y Manuel González, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros.