n la historia de nunca acabar, la economía no crece, tampoco la inversión ni el empleo, y mucho menos el bienestar de la población. Pero lo que sí se incrementa de forma por demás acelerada es la deuda contratada por el sector público federal (más la relativa a estados y municipios), la cual se carga, quiéranlo o no, a las de por sí atiborradas espaldas de los mexicanos, quienes a cambio no reciben nada de lo primeramente mencionado.

Resulta que en sólo 17 meses de estancia en Los Pinos (de diciembre de 2012 a abril de 2014, para efectos de la numeralia que se cita), el gobierno federal y los organismos públicos que de él dependen incrementaron la deuda neta (interna y externa) en la friolera de 667 mil millones y pico de pesos, sin que a la fecha se registre beneficio económico y social digno de mencionar y, sobre todo, que justifique tal endeudamiento.

Si las cosas marchan bien, y sólo en ese caso, en el primer bienio de la nueva administración gubernamental la tasa anual promedio de crecimiento económico alcanzaría 1.9 por ciento, la generación de empleo en el sector formal apenas cubriría menos de la mitad de la demanda de puestos de trabajo requeridos por los mexicanos en edad y condición de laborar, la inflación seguiría carcomiendo el de por sí deteriorado poder adquisitivo del salario y el ejército de pobres seguiría en aumento. Sin embargo, el nivel de deuda pública rompería récord todos los días sin mayores signos de recuperación.

Las cifras que se citan, todas, corresponden a la estadística de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular, el ministro del año, augura un futuro promisorio para el país, aunque sus pronósticos han resultado rotundamente fallidos. Acorde a los tiempos futboleros que se viven, el marcador sería de 1.9 por ciento para el crecimiento de la economía, y 12.5 por ciento para el aumento de la deuda pública en el periodo referido.

Poco más de 667 mil millones de pesos en 17 meses de estancia en Los Pinos equivalen a un endeudamiento diario por 54.5 millones por hora, lo que parece superar cualquier exceso de gobiernos anteriores, incluidos los que, tras el descarado saqueo de la élite, pronosticaban –fallidamente, desde luego– que no nos volverán a saquear.

En este contexto, cabe ejemplificar que en materia de deuda externa lo que José López Portillo tardó un sexenio en acumular, Enrique Peña Nieto, al ritmo que va, lo superará con creces durante su estancia en Los Pinos. En seis años el primero endrogó al país con alrededor de 40 mil millones de dólares adicionales a lo largo de su sexenio; en un año y siete meses el segundo ya sumó 20 mil 500 millones de billetes verdes al saldo de la deuda externa.

Así, al cierre de abril de 2014 dicho saldo llegó a 142 mil 114 millones de dólares, contra los 121 mil 659 millones que le heredó el inenarrable gobierno de Felipe Calderón (el cual, por cierto, en campaña prometió que no endeudaría al país: “hay formas de que México avance sin deudas… ¡Felipe Calderón te dirá cómo!”, según presumía en la campaña electoral). De mantenerse esta tendencia, al cierre de la administración que dice mover a México el débito externo habría aumentado en alrededor de 87 mil millones de dólares.

Lo que sí es un hecho, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda, es que en el primer cuatrimestre de 2014 se pagaron 2 mil 185 millones de dólares sólo por concepto de intereses de la deuda externa del sector público federal. Si se anualiza esa información, en el presente año de las arcas nacionales habrían salido 6 mil 555 millones de billetes verdes para cubrir los intereses, nada más; aparte la amortización de capital, si es que en realidad lo pagan. Este monto resulta cuatro tantos mayor al presupuesto anual asignado a la Secretaría de Economía y 3.5 más que el correspondiente a la Secretaría de Marina.

Por su lado, la deuda pública interna cerró abril pasado en 4 billones 153 mil millones de pesos, 383 mil millones adicionales con respecto al cierre de 2012, o si se prefiere 10 por ciento de aumento en los diecisiete meses que se citan. Para cubrir los intereses de este débito, sólo los intereses, entre enero y abril de 2014 se pagaron cerca de 20 mil millones de pesos. Si se anualiza, en el presente año se habrán cubierto más de 60 mil millones de pesos por dicho concepto, un monto equivalente al presupuesto anual de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y 16 tantos mayor al de la Secretaría de Energía.

Entre una y otra, es decir, entre el débito interno y el externo, el saldo de la deuda del sector público federal cerró abril pasado en poco más de 6 billones de pesos, o si se prefiere en 458 mil 300 millones de dólares, una catarata de dinero que ni de lejos ha logrado modificar la triste situación económica del país y mucho menos el lamentable nivel de vida de los mexicanos.

La Constitución obliga al Ejecutivo (artículo 73, fracción octava) a no endeudarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y lo que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29 (de la propia carta magna, que refiere los casos para la suspensión de garantías).

Hasta donde se sabe, versión oficial, no hay emergencia alguna en el país ni riesgo de invasión que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto que obligaran al inquilino de Los Pinos a considerar las salvedades que marcan los artículos 73 y 29 constitucionales. Por el contrario, si se atiende el discurso del susodicho, México está en jauja y todo va de maravilla, rumbo al futuro prometedor (Videgaray dixit). Entonces, ¿dónde quedó la deuda? ¿Para qué se ha utilizado?

Aparte, claro está, las deudas de estados y municipios. Ellas, más la federal, cargadas, íntegras, a los cerca de 120 millones de mexicanos que ya no sienten lo duro sino lo tupido.

Las rebanadas del pastel

Que dice el inquilino de Los Pinos que la creación de empleos se realiza por medio de inversiones productivas y no por decreto. ¡Cómo!, si la política pública, la de antes y la de ahora, es exactamente al revés: decretan y después viriguan, y allí está el resultado.

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