Colima, Col., 24 de junio.

Los motociclistas y choferes de vehículos del transporte público deberán exhibir sus matrículas en chalecos y carrocería, respectivamente, debido a que en la entidad se ha incrementado el uso de motos para cometer delitos, incluso homicidios.

Los diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (Panal) aprobaron la reforma a la Ley de Transporte en la entidad a fin de identificar de manera oportuna a infractores. La medida también se aplica a camiones y taxis, entre otros vehículos.

La modificación fue promovida por el gobernador Mario Anguiano Moreno, quien argumentó que en meses recientes ha aumentado el número de delincuentes que usan motocicletas y consideró que se requería una reglamentación más rigurosa.

Los vehículos, explicó, deben ser plenamente identificables tanto en tierra como desde un helicóptero a 100 metros de altura.

La Ley del Transporte y la Seguridad Vial estipula que los motociclistas deberán portar casco y chaleco con matrícula impresa.

El dictamen, presentado en tribuna por el diputado Arturo García Arias, presidente de la comisión de estudios legislativos y puntos constitucionales, estipula que a quienes incumplan esta disposición se les confiscará la motocicleta.

Señalaron que para hacer más eficaz esta norma, el decomiso de motocicletas podrá realizarlo cualquier autoridad de seguridad pública, procuración de justicia, transporte estatal o de tránsito y vialidad de cada municipio.

Asimismo, los vehículos destinados al transporte público deberán mostrar la matrícula en la parte externa del toldo. Las unidades que no cumplan esta disposición serán detenidas.

La comisión dictaminadora propuso entregar a los propietarios de motocicletas un chaleco gratis, y a los concesionarios del transporte público se les deberá otorgar un subsidio de 50 por ciento para rotular sus unidades.

Yulenny Cortés León, legisladora panista, advirtió que esta medida puede ser un disfraz para cobrar nuevos impuestos, y su compañero de bancada, Fernando Antero, señaló que si el gobierno del estado quisiera bajar los índices de inseguridad debería ejercer en su totalidad los recursos federales que recibe para ese fin, pues en el ejercicio fiscal pasado hubo un subejercicio de 40 por ciento.