Zinacantepec, Mex., 20 de junio.

Los conflictos entre Ricardo y Édgar –estudiantes de la secundaria Gustavo Baz Prada, municipio de Atizapán– empezaron hace casi dos años, cuando el primero defendió a un compañera, quien era molestada por el segundo.

Hace tres meses se liaron a golpes y a Édgar, de 15 años, no le fue bien, por lo que prometió vengarse de Ricardo, a quien a diario le advertía: te voy a matar. El pasado 6 de mayo el adolescente cumplió su amenaza. Sacó una pistola de su mochila y en el salón de clases le disparó a Ricardo, de 13 años.

Édgar fue detenido y remitido al centro de justicia juvenil de Zinacantepec. Con ayuda de sus abogados se acogió a un juicio abreviado y este jueves un juez especializado lo condenó a 8 años de internamiento en la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes Quinta de Bosque. La sentencia incluye una multa de 680 mil 974 pesos como reparación del daño, que deberá entregar a los familiares directos de la víctima.

Ese 6 de mayo, Azucena Ordoñez, madre de Ricardo, recibió una llamada telefónica de la directora del turno vespertino de la secundaria. Sólo le dijo que debía acudir al Hospital de Traumatología del IMSS, ubicado en Lomas Verdes, donde habían enviado al menor. Al llegar se enteró que su hijo tenía muerte celebral, pues un compañero le había disparado en la cabeza. Un día después Ricardo falleció. Azucena se enteró que el agresor era el mismo con quien dos años antes Édgar se peleó por defender a su compañera y hacía unas semanas se había vuelto a enfrascar a golpes.

El abuelo de Ricardo fue a una de las audiencias de Édgar, donde escuchó que el adolescente actuaba como si nada. Le escuchó decir: “No había día que no lo encontrara y le decía: ‘te voy a matar’”. El abuelo, narra, se contuvo para no saltar de su asiento y golpear al menor en la sala de audiencias.

Durante los ocho años Édgar deberá permanecer en la escuela de reintegración social, tiempo en el que se le dará educación y tratamiento sicoterapéutico para corregir su conducta. Saldrá al cumplir 23 años y podrá reintegrarse a la vida social.

Los familiares de la víctima no están conformes con la sentencia. Han apelado para que se le imponga la pena máxima de 10 años de internamiento.