El 12 de septiembre de 1998, meses después de entregar al gobierno de Estados Unidos información sobre preparativos de actos terroristas contra Cuba orquestados y financiado desde Miami, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron acusados de conspiración para cometer espionaje y de otros 24 cargos menores. Juzgados sin pruebas y sin poder acceder a más de 80 por ciento de la evidencia de la fiscalía, fueron sentenciados a cuatro cadenas perpetuas por un jurado al que se advirtió que, de mostrar algún gesto de apoyo a la isla, sería considerado traidor.

Aquí empezó la tragedia que está viendo no solamente Cuba, sino el mundo. Esta tergiversación histórica respecto a la naturaleza de los derechos humanos, que derivan del hecho de que los actos terroristas que se generan y financian desde Estados Unidos contra otras naciones no son considerados por el gobierno estadunidense como actos terroristas, en una evidente visión deformada con que pretende calificar al mundo, convinieron el antropólogo Héctor Díaz Polanco, el doctor Pablo González Casanova y el embajador de Cuba en México, Dagoberto Rodríguez Barrera.

Reunidos en la Casa Lamm, en un encuentro moderado por Ángel Guerra, éste recordó que dos de los 5 salieron ya de prisión, y que oficiales retirados del Ejército de Estados Unidos, incluido el jefe de inteligencia militar, declararon que sus actividades nunca pusieron en riesgo la seguridad de Estados Unidos.

Cuba es un país al que no han podido vencer, a pesar de las tremendas presiones y acciones abiertas y encubiertas en su contra, y del incalificable bloqueo de más de medio siglo que le han infligido (...), leyó González Casanova al compartir un texto de su autoría, incluido en una carta abierta sobre Cuba dirigida a John D. Rockefeller, director honorario de la Sociedad de las Américas y al sector privado, organizaciones gubernamentales y fundaciones que enviaron una misiva al presidente Obama para apoyar a la sociedad civil en Cuba.