Las cámaras de Diputados y de Senadores enlistaron diversos temas pendientes para acoplar leyes y reglamentos a la modificación constitucional en derechos humanos, vigente desde hace tres años.

Otra condicionante para la aplicación plena de la reforma ha sido el carácter secundario que la materia de garantías fundamentales ocupa en las agendas política y legislativa a escalas estatal y federal, advirtió el Senado.

Dijo que desde el ámbito legislativo se han detectado diversos obstáculos y situaciones que complican el cumplimiento de los objetivos de la reforma. En principio, por las distintas interpretaciones del contenido del artículo primero constitucional y aquellas que interpretan de manera restringida el alcance de las normas en la materia.

Por ejemplo, los diputados precisaron el nulo avance en cuanto al reglamento del artículo 33 constitucional, relativo a los casos en que se puede expulsar a extranjeros de territorio nacional. Ante ello se siguen tomando decisiones con parámetros no actualizados.

En este caso, los diputados esperan la dictaminación de la iniciativa presentada el pasado 22 de octubre por el Ejecutivo federal en el Senado.

“Preocupa a este órgano legislativo las determinaciones contenidas en el transitorio quinto del decreto publicado el 11 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, puesto que de su lectura se advierte que la reforma al artículo 33 constitucional en realidad no ha surtido efectos prácticos y sigue aplicándose tal cual, previo a la reforma de 20011”, se advierte en el balance hecho por la Cámara de Diputados acerca de la aplicación de la enmienda que pondera, en la Carta Magna, el criterio de protección a las garantías básicas.

Otro tema pendiente de legislar, bajo los nuevos parámetros, es el relacionado al asilo político.

La principal disyuntiva presentada para atender el mandato constitucional gira en torno a determinar sobre la conveniencia de expedir una ley específica en materia de asilo político, como prevé la reforma constitucional en mención, o bien, enmendar la actual Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

Al final de cuentas, se optó por esta última alternativa, toda vez que el contenido sustancial que regula guarda semejanza con el asilo político, y los supuestos previstos en dicha ley normalmente suelen acompañar esta figura en el ámbito del derecho internacional de las garantías fundamentales, subraya la Cámara de Diputados en el diagnóstico, integrado al emitido por los integrantes de los tres Poderes de la Unión.

También hay pendientes en cuanto a las iniciativas que buscan adecuar el tratamiento de la desaparición forzada de personas con los estándares internacionales, entre otros.