Los índices de violencia son tan altos en numerosas zonas del país –debido a que están en manos de grupos del crimen organizado–, que es imposible viajar a ellas, afirmó el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Christof Heyns.

Al dar a conocer el informe de la visita que realizó a México el año anterior, el especialista señaló que aunque es difícil compararlo con otras naciones, las cifras dicen que los niveles de violencia son muy superiores a los que vi en otros países que he visitado en los cuatro años de mi mandato.

Agregó que durante su estancia en el país –del 22 de abril al 2 de mayo de 2013–, pudo “ver que muchísimas áreas tienen niveles de violencia demasiado elevados. Quizá uno hablaría de zonas donde no hay que ir, porque obviamente los cárteles las manejan”.

En videoconferencia desde Ginebra, donde presentó su informe ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Heyns dio a conocer un resumen de ese documento, en el cual advirtió que los niveles de violencia en México son demasiado elevados y los agresores gozan de total impunidad.

Crímenes sin castigo

Una prueba de eso, enfatizó, es que de 2006 a la fecha se han cometido en el país más de 100 mil asesinatos –70 por ciento de los cuales están relacionados con el narcotráfico– y la gran mayoría de los homicidas nunca fueron detenidos ni sancionados.

Es necesario abandonar el enfoque militar en las tareas de seguridad pública, consideró Christof Heyns, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias. En la imagen, durante su visita a México en mayo de 2013Foto Roberto García Ortiz

Uno de los puntos en que Heyns, jurista sudafricano, hizo mayor énfasis es el de la necesidad de que las fuerzas armadas ya no realicen tareas de seguridad pública, pues su entrenamiento y formación se dirigen a utilizar el máximo posible de fuerza para acabar con su enemigo, no a lidiar con civiles.

En el proceso de dejar el enfoque militar, indicó, es fundamental empoderar a los diversos agrupamientos policiacos, a través de capacitación, entrenamiento y presupuesto suficientes para que realicen su labor de forma adecuada.

Subrayó que las policías deben alejarse de la corrupción, desarrollar investigaciones científicas y profesionales y mejorar sus servicios médicos forenses, los cuales tienen un nivel confiable en pocas ciudades.

Llamó a que la Procuraduría General de la República tenga mayor autonomía respecto del gobierno federal y a que se le dote de mayores facultades a los organismos públicos de defensa de los derechos humanos, aunque admitió que este proceso de cambio del sistema de justicia será paulatino.