La propuesta de nueva ley de hidrocarburos, cuya discusión en lo general concluyó anoche en comisiones del Senado, va más allá de lo establecido en la reforma constitucional energética, ya que otorga contratos que permitirán a empresas extranjeras quedarse con la mayor parte de la renta petrolera y despojar de terrenos y propiedades a ejidatarios y comuneros, mientras que sus obligaciones laborales e impositivas son mínimas, advirtieron legisladores del PRD.

Durante la discusión del dictamen la senadora perredista Dolores Padierna advirtió que la legislación posibilita que las trasnacionales petroleras ‘‘ganen por todos lados’’, mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) se extingue. A su vez, su compañero de bancada Alejandro Encinas advirtió que ‘‘se incendiará el campo’’ por la disposición que permite expropiar todas las tierras y propiedades que las trasnacionales requieran para explotar el petróleo y la electricidad.

Como en las sesiones recientes, perredistas y petistas intervinieron una y otra vez durante seis horas para exponer sus argumentos en contra de esa ley. Los senadores del PRI Ascención Orihuela, Miguel Ángel Chico y Ernesto Gándara participaron sólo para defender la iniciativa presidencial, pero sin entrar a debatir los cuestionamientos de los legisladores de izquierda.

Los panistas Francisco García Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas expusieron que propondrán cambios a fin de que se pague una indemnización justa a los propietarios afectados, además de una parte proporcional de las utilidades, aunque rechazaron ‘‘argumentos tremendistas’’.

Padierna Luna detalló que, contra lo establecido en el artículo 27 constitucional, esa ley de hidrocarburos no define ni regula los contratos que se otorgarán para explorar y explotar el petróleo y deja a discreción del Ejecutivo decidir las características que tendrán.

No se definen los límites que de la riqueza pueden llevarse las petroleras extranjeras y se introduce la figura de ‘‘utilidad operativa’’, que permite a las empresas la ‘‘recuperación de costos’’ y posibilita que ganen por la vía de inflar éstos y minimizar las utilidades, agregó la legisladora perredista.

Asimismo, mientras se mantiene el mismo régimen fiscal ‘‘depredador’’ que le quita a Pemex vía impuestos 70 por ciento de sus ingresos, en la ley de hidrocarburos se le obliga a pagar además un dividendo anual de 30 por ciento sobre sus utilidades.

En el caso de las petroleras extranjeras, la carga es mucho menor. De hecho, sólo deberán pagar un impuesto sobre la renta común, no un gravamen con base en la renta petrolera.

Otra prerrogativa a las empresas del exterior está en el artículo 133, el cual les da el derecho de aprovechar comercialmente el mapa que Pemex integró luego de llevar a cabo un reconocimiento y exploración en ciento por ciento del territorio, tanto terrestre como marítimo.

El senador Rabindranath Salazar (PRD) recalcó que las trasnacionales sólo estarán obligadas a incorporar 35 por ciento de insumos y productos hechos en México (contenido nacional), aunque Petróleos Mexicanos tiene actualmente 36 por ciento y en Brasil es de 70 por ciento.

El senador Alejandro Encinas (PRD) denunció que con esa ley no se requerirá llevar a cabo un proceso de licitación para la exploración y extracción de gas natural y se podrá adjudicar directamente a los titulares de concesiones mineras. ‘‘Es decir, todo para las trasnacionales y la oligarquía mexicana, a la cual se sumará el grupo económico del estado de México. Todo a costa del bienestar y de los recursos de la nación’’, apuntó.

Al respecto, su compañero de bancada Luis Sánchez expuso que la exploración y explotación de hidrocarburos que se realiza en 12 estados y 300 municipios representa más de 400 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional. Se generará inestabilidad en comunidades y pueblos que verán expropiadas sus tierras por ‘‘utilidad pública’’ en favor de empresas privadas.

Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, advirtió que las trasnacionales quedan exentas de pagar utilidades a su personal y los trabajadores de Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE) perderán sus derechos laborales.

Al respecto, el también senador perredista Fernando Mayans detalló que en Tabasco, donde 14 de sus 17 municipios son petroleros, los grandes puestos en las compañías del ramo son para extranjeros y ‘‘los que limpian los excusados’’, para mexicanos.

La discusión en lo particular se dará hoy por la tarde. Ayer, el presidente del Senado, Raúl Cervantes, envió otro oficio al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el que insiste en la petición –impulsada por el PRD– para que los medios electrónicos transmitan cápsulas informativas de 10 minutos y en horario de las nueve de la noche, sobre la discusión y votación de las leyes secundarias en materia energética.