on una población y economía devastadas por 30 años de neoliberalismo la oligarquía mexicana y las grandes petroleras se preparan, bajo la coraza de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) auspiciados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FMI-Banco Mundial-BID) a consumar, en medio del Mundial de futbol, el asalto final sobre el sector petro-eléctrico, principal eje de acumulación del país. Lo hacen cuando se develan grandes escándalos de corrupción tipo Oceanografía, que tenderán al aumento por la politización de los reguladores del ramo contenida en las leyes secundarias y la privatización de créditos a los contratistas bajo sutiles diseños de Goldman Sachs, Citigroup et al. Todos los señalamientos del BM de que la expansión del mercado y la desregulación son poderosos instrumentos para controlar la corrupción se hundieron hace décadas en el fango y la putridez que acompañan las privatizaciones en el orbe.

¿No son tanto el combate a la corrupción o las promesas de bienestar de esos PAE parte de un esquema de mercado que encubre diseños de intensificada guerra de clase y de desarticulación estatal, para la más fluida explotación de la periferia capitalista, ayudada acá por la codicia local por el botín petro-eléctrico? Peña Nieto repite la raída narrativa de que las reformas estructurales en general y la energética en particular, son para generar bienestar y empleo, acelerar el crecimiento... lograr (que las familias) tengan un piso básico de bienestar, cerrar la brecha de la desigualdad(Contralínea 4/5/14 p. 25).

Con ese recetario el salario perdió 80 por ciento de su valor en 27 años, se gestó un déficit de 34 millones de empleos, 27 millones de mexicanos están en la precariedad laboral, 11 de cada 100 niños trabajan y 8 millones de personas están desocupadas (Ibid). En ese contexto sigue el despojo energético que, como diría J. Stiglitz, es de alta explosividad social: entrega la renta petrolera y reduce todavía más la capacidad de autogestión de Pemex, manteniendo su desarticulación eso sí, ordeñándola con su enorme tributo fiscal, hasta el fin del sexenio. ¿Bienestar entregando el control operativo de los yacimientos a ExxonMobil, Chevron y Shell y, como aspiran los departamentos del Tesoro y de Energía de Estados Unidos, dejándolas hacer, deshacer, pagar y cobrar lo que les venga en gana?

Los legisladores que articulan intereses ajenos al país se han cuidado de no mostrar facetas vitales de lo ocurrido en Brasil y Noruega. El ingeniero Franciso Garaicochea, presidente de Ingenieros Constitución 1917, recordó hace poco en Entornos, programa de Ramón Pieza en la Red, que Petrobrás tiene el control de las operaciones en los yacimientos y que la muy vasta, compleja y cara tecnología de aguas profundas (ductos, estaciones de bombeo y de compresión, válvulas, árboles submarinos, etcétera), muestra un contenido nacional de 70 por ciento. Como en nuestro caso ese contenido nacional de la industria de suministro, gracias a 30 años de reformas estructurales no es mayor a 5 por ciento, México, como sugirió un ex funcionario de la noruega Statoil, no debe renunciar al control del petróleo, ni compartir la renta. Lo ideal para México es trabajar con las compañías proveedoras de la tecnología que requiere la industria nacional. La reforma debe dirigirse a enseñarle a Pemex a trabajar con los proveedores (La Zurda, Nº. 18, p. 29).

Pero la noción de absorber y/o generar tecnología para revitalizar y alentar una gran industria de suministro es totalmente ajena a la colonialidad que impera en la actual clase gobernante obnubilada por los negocitos de contratistas y familiares o por migajas de las grandes transas. Al discutir el asunto en otra oportunidad, Garaicochea advirtió que se está dejando en manos de compañías privadas extranjeras el negocio principal, derivado del efecto multiplicador formado al fabricar equipos y herramientas... que generan impuestos y empleos.

Sin fomento a la industria petrolera y al empleo y con la economía y Pemex saqueadas desde dentro y desde fuera, ¿qué plantean ante la alta explosividad del gran despojo? Criminalizar la protesta social, pero con renovada fuerza y tecnología policial-militar: el 24 de abril Reuters informó de la compra, por 680 millones de dólares (mdd), de helicópteros UH-60M Black Hawk, más 40 motores de GE; instrumentos de visión nocturna, armas y otro equipo, adiestramiento y apoyo logístico. Además, 152 mdd para renovar la flota de vehículos Humvee con blindaje reforzado comprados a AMGeneral, más 30.6 mdd en camiones todoterreno, 9 mdd para ambulancias militares y 38 mdd en mantenimiento (El Universal 16/5/14).

¿Para el diálogo con mujeres y hombres, sindicalistas, maestr@s, petrolero@s, ingenier@s, estudiantes, indígenas, médicos, ejidatari@s, oficinistas, comunero@s, campesin@s cuyos empleos, salud, futuro y terrenos, estarán a merced del Pri-Pan en el Congreso, mientras la selección debuta en Brasil?

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