o es poca cosa (aunque no suficiente, ni realmente justiciera) que un arzobispo mexicano (a su regreso de la visita que cada cierto número de años hacen los jefes de cada diócesis para informar al Papa sobre la situación de cada lugar) pida públicamente perdón a las víctimas de abuso sexual cometido por un encumbrado sacerdote, Eduardo Córdova Bautista, quien ya ha sido dado de baja del servicio religioso y tiene abierta una sesgada causa penal en San Luis Potosí, en la que, por ejemplo, el procurador de Justicia del estado, Miguel Ángel García Covarrubias, ha anunciado que citará a declarar a los anteriores arzobispos que conocieron de esos actos de pederastia y no los denunciaron, lo que podría significar la comisión del delito de encubrimiento (nota de Samuel Estrada en La Jornada San Luis, http://bit.ly/1hK4CGq) y debería alcanzar a Alfonso Szymanski y a Luis Morales Reyes. Ya se verá si de verdad ese lánguido gobierno potosino es capaz de actuar contra esos encubridores tan intocables o todo se reduce a juegos de apariencias.

La petición de perdón que ayer hizo ese arzobispo, Jesús Carlos Cabrero Romero, y la consignación judicial de quien había sido el cura favorito de buena parte de los segmentos socioeconómicos dominantes de la capital potosina, constituyen una obligada maniobra de control de daños de la cúpula clerical ante el escándalo desatado al develarse la versión hasta entonces soterrada de que Córdova Bautista había abusado de decenas de adolescentes y jóvenes, varios de ellos pertenecientes a ese sector pudiente. El pederasta había tenido especial trato político por parte del gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, tan indolente e ineficaz en el resto de sus obligaciones públicas, y de su esposa ejecutiva.

El primero de abril pasado, luego que él y otros dos sacerdotes oaxaqueños habían visto en una sesión especial el adelanto de la película Obediencia perfecta, que toca el tema de la pederastia clerical con base en el caso de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, Manuel Arias Robles comentó al director de la cinta, Luis Urquiza, que pareciéndole bien el esfuerzo cinematográfico relacionado con esa orden, se preguntaba por qué había tan poca atención a lo sucedido en Oaxaca, donde casi medio centenar de adolescentes indígenas sufrieron abuso sexual por parte de un presbítero denunciado desde años atrás ante el mismo arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, y ante el Vaticano.

Arias Robles fue uno de los diez religiosos en activo que se atrevieron a señalar a Gerardo Silvestre Hernández como atacante sexual contra adolescentes de comunidades oaxaqueñas. A pesar de que la denuncia fue hecha por sacerdotes oaxaqueños, el arzobispo Chávez Botello se esmeró en proteger a quien sólo después de los años fue llevado a un retiro espiritual y luego encarcelado. La consignación de Silvestre Hernández se dio en la coyuntura de un cambio de titular de la PGJE y gracias al empuje interno de dos subprocuradores, pero la inconsistencia política del gobernador Gabino Cué mantiene la puerta abierta para negociaciones con el arzobispo Chávez Botello, quien sigue abogando por su protegido. ¿El papa Francisco hará que en Oaxaca se actúe con la misma rapidez y contundencia que en San Luis Potosí (aunque falta que todo ello se traduzca en justicia, es decir, en castigo ejemplar a los sacerdotes que abusan sexualmente de menores de edad y en retribución económica a las víctimas)? ¿O también en estos casos habrá discriminación?

En asuntos netamente terrenos, el jabonoso senador priísta Emilio Gamboa se reunió ayer con representantes de organizaciones campesinas e indígenas que impugnan parte del articulado del proyecto de ley de hidrocarburos que pretende facilitar a las empresas trasnacionales hacerse de predios o franjas de ellas (esto, mediante caballos de Troya jurídicamente denominados ‘‘servidumbres de paso’’) para que la explotación petrolera privatizada pueda realizarse a plenitud. Según el legislador de origen yucateco, ya se han hecho 90 modificaciones a ese texto que pretende colocar a ejidatarios y pequeños propietarios en igualdad de circunstancias para que negocien con los abogados de las poderosas corporaciones extranjeras las ‘‘contraprestaciones’’ otorgables para que cedan esas tierras, bajo la advertencia de que en determinado plazo podría declararse la expropiación de ellas si las partes no llegan a ningún acuerdo. El PAN también le ha entrado al tema, en busca de que se suavicen las cláusulas abiertamente favorecedoras de los empresarios y se garantice a los ejidatarios y campesinos la obtención de un porcentaje mínimo (uno por ciento) de las ganancias de las firmas privilegiadas para desarrollar el negocio de los energéticos.

Las organizaciones sociales en protesta no consideran que esas presuntas 90 modificaciones extingan la posibilidad de futuras acciones de consorcios multinacionales en su contra y temen que se trate de reacomodos de textos y de nuevos fraseos que en el fondo mantengan el peligro contra el interés nacional. Por lo pronto, se formó una comisión para vigilar este asunto, con los senadores Manuel Cota y Gerardo Sánchez, del PRI, y Fidel Demédicis e Isidro Peraza, del PRD. Se mantiene en pie la propuesta de organizar el próximo 26 de julio una gran movilización nacional contra esta pretensión de adelgazar al extremo el papel del Estado mexicano en la regulación de los conflictos de campesinos frente a gobiernos y particulares, sobre todo empresas trasnacionales, y de facilitar jurídicamente que estas firmas extranjeras se hagan de los terrenos que les interesen.

Y, mientras soldados y marinos incursionan en una colonia de la delegación capitalina Gustavo A. Madero, en un acto que corresponde al creciente índice de delitos que se está registrando en la gran ciudad, pero que también exhibe la pérdida de control del gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, y la acumulación de hechos y signos que van diluyendo la confianza de los electores en la administración llegada en nombre de la ‘‘izquierda’’, ¡hasta mañana!

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