La reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada hace tres años es un logro sobre todo de la sociedad civil, de los movimientos sociales y de las organizaciones pro defensa de esas garantías. Sin embargo, no es el punto de llegada en la lucha por su vigencia, sino el punto de partida para concretar ese propósito, señalaron especialistas y activistas.

En el segundo día de actividades del foro Actualidad, retos y prospectiva de la reforma constitucional en materia de derechos humanos 2011-2014, Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, señaló que si bien se deben celebrar las modificaciones a la Carta Magna, no debe llegarse al extremo de creer que basta cambiar las leyes para transformar la realidad.

Alba Cruz, coordinadora del área jurídica y derechos humanos de Código Derechos Humanos, organización civil en Oaxaca, resaltó que llegar a esta reforma fue un largo proceso que incluyó las matanzas estudiantiles de 1968 y 1971, los desaparecidos de la guerra sucia, los feminicidios en Chihuahua y otras entidades, las masacres de Aguas Blancas, Acteal y Agua Fría, el movimiento indígena zapatista, los de Atenco y Oaxaca en 2006, el incendio en la guardería ABC, las agresiones contra migrantes en tránsito y los crímenes de la guerra contra el narcotráfico, entre otros.

Santiago Corcuera, académico de la Universidad Iberoamericana, destacó que además de la reforma, la sentencia de la Coidh por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido de manera forzada en 1974 en Guerrero, en la que se sentenció al Estado mexicano al vulnerar derechos humanos de la víctima y sus familiares, revolucionó la forma de interpretar el derecho jurídico en el país.