El coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, aclaró que en cuanto se modifiquen las legislaciones locales en los 17 estados en los que habrá elecciones el próximo año estarán en disposición de votar las leyes secundarias energéticas.

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por buena parte de los integrantes de su bancada, entre ellos Ernesto Cordero, que ayer reapareció en el Senado, el coordinador panista recalcó que de todas formas van a participar en la discusión de los dictámenes y adelantó que, aunque han participado en la discusión con el gobierno en torno a esa legislación reglamentaria en materia energética, hay puntos en los que no están de acuerdo.

Se trata de seis temas considerados ‘‘irreductibles’’. El senador Salvador Vega Casillas, secretario de la Comisión de Energía, definió entre ellos que el nombramiento de los consejeros independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) esté a cargo del Senado y no del Ejecutivo federal, como se indica en la ley de hidrocarburos. Asimismo, que se fije el pago justo para aquellos ejidatarios, comuneros y ganaderos cuyos terrenos y demás propiedades resulten afectados por proyectos de exploración y explotación de petróleo y de generación y conducción de energía eléctrica.

Vega Casillas adelantó que van a proponer que, además del pago por los terrenos, los dueños de las tierras puedan recibir un beneficio de la extracción de hidrocarburos, que podría ser de uno por ciento de las utilidades obtenidas por la empresa en cuestión. Sin embargo, reconoció que no se cambiaría la disposición de que las empresas privadas –nacionales y extranjeras– tengan prioridad y se dé un plazo de 90 días para que lleguen a un arreglo o se procederá a expropiar sus propiedades.

Otro tema ‘‘irreductible’’, dijo, es que haya un modelo efectivo de contenido nacional que beneficie a la industria mexicana, que haya transparencia plena en los procesos de licitación con subastas en reversa e impulsar a la industria naviera en lugar de desaparecerla.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca recalcó que están ‘‘tratando de evitar’’ que se llegue a la expropiación, pero confían en que los afectados puedan recibir un porcentaje de las utilidades de la empresa privada.