a comenzado el tramo final del proceso legislativo de aprobación de la reforma energética peñista (REP). El primer episodio de esta nueva temporada de nocivo teatro político tardó cuatro horas en una primera sentada en busca de que los actores pertenecientes a comisiones senatoriales se pusieran de acuerdo en detalles del método de trabajo. Lo esencial ya había sido decidido mediante la suma de votos de panistas y priístas, pero personal de los partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática se esmeraba en crear atractivo suspenso en los detalles (reservar artículos para discusión, alargar las sesiones, hacer discursos y declaraciones con pasión, obtener ‘‘triunfos’’ intrascendentes), así que luego de un receso para comer se reanudó ayer dicha función de comisiones unidas.

Ese primer apunte de forcejeo procesal permite identificar las apariencias y las insuficiencias del campo legislativo de batalla, donde una oposición ‘‘de izquierda’’ aritméticamente condenada a la derrota ofrece exculpatorios montajes de oposición acotada a sabiendas de que ‘‘la mayoría’’ (esta vez formada por el PRI y el PAN) acabará imponiendo sus decisiones no por argumentación convincente ni votaciones de conciencia sino por consignas cupulares, por arreglos y negociaciones que acabarán beneficiando a todo el elenco involucrado en la obra, asúmanse unos u otros como héroes o villanos, sean unos la ‘‘aplanadora’’ numérica o la ‘‘resistencia’’ que pelea como nunca y termina siendo convenientemente derrotada como siempre.

Si el Congreso de la Unión no representa la voluntad popular, y obedece fundamentalmente a las prácticas tradicionales de una clase política multipartidista especializada en beneficiarse a costa de los intereses colectivos, es natural que segmentos críticos e informados de la sociedad salten a las calles para tratar de frenar el golpe legislativo que, ya formalizado, política y jurídicamente será muy difícil de echar en reversa. Ayer mismo, mientras estas líneas eran redactadas, organizaciones sociales y ciudadanos en lo individual partían desde diversos puntos geográficos e ideológicos para converger en una marcha recordatoria de otro de los zarpazos históricos del poder, el del 10 de junio echeverrista, pero además, para tratar de demostrar el brío ciudadano contrario a lo que en las cámaras y en las camarillas estaba comenzando a ser procesado para cumplir con la reforma de reformas, la energética, que ya tiene comprometida Peña Nieto con firmas trasnacionales y no solamente a partir de la gira europea que ahora cumple.

A pesar de su energía y disposición, no hay un camino viable para las voluntades deseosas de oponerse activa y oportunamente a los arreglos que darán por resultado la aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional aprobada sin oposición eficaz en diciembre pasado. Los dos principales agrupamientos de izquierda, el institucionalizado PRD y Morena, en formación, han preferido trasladar sus ánimos combativos, y su proselitismo partidista, a una difusa posibilidad de que se realice una consulta popular en 2015, a la par de las elecciones federales intermedias.

Esa consulta, cuyos términos, alcances y confiabilidad están por definirse, correrá la misma suerte que los partidos que la promueven, divididos para beneplácito del peñismo (con un sol azteca previsiblemente en continuidad de alianza práctica con Los Pinos), sujeta a organización, conteo y sentencias de los órganos electorales ya plenamente controlados por el mismo poder privatizador de los energéticos y en pretensión electoral expansiva en ese 2015.

Golpe dado ni consulta popular lo quita, así que Los Pinos y sus socios y aliados tienen ya lista una apabullante campaña propagandística para ‘‘convencer’’ a los ciudadanos de las bondades de esa reforma energética y de los inevitables beneficios económicos que significará. Además, desde ahora se están cerrando tratos con empresas extranjeras, con gobernantes de esos países como testigos de calidad, que sólo esperan el cumplimiento de los trámites legislativos para quedar como letra jurídica firme, instauradora de derechos y obligaciones para las partes contratantes, sujetas éstas a la jurisdicción de tribunales extranjeros en caso de litigio, onerosos los eventuales pagos si es que los firmantes a nombre de México pretenden dar reversa por sí mismos o a cuenta de eventuales consultas populares.

Con menos atención pública pero similar gravedad, 40 organizaciones han alertado contra la propuesta de ley de hidrocarburos y las correspondientes adecuaciones a leyes conexas. Se pretende, denuncian los integrantes del Movimiento por la Soberanía Alimentaria, la Defensa de la Tierra y el Agua, los Recursos Naturales y el Territorio, ‘‘el establecimiento de mecanismos y procedimientos para el uso superficial de la tierra ejidal y comunal anteponiendo la exploración y extracción de hidrocarburos sobre la actividad agropecuaria, forestal y pesquera de nuestro país’’ (entre otros puntos, busca reducir facultades a la Procuraduría Agraria, en detrimento de los campesinos).

Un punto delicado es el de las servidumbres legales que los dueños de predios rurales podrán ‘‘negociar’’ en cuanto a ‘‘contraprestaciones’’ frente a las grandes corporaciones trasnacionales bajo amenaza de que, en caso de no llegar a un rápido arreglo, por la vía administrativa se procederá a la expropiación, para privilegiar la explotación y extracción de hidrocarburos.

Señalan los opositores que ‘‘la forma en la que el Ejecutivo conceptualiza las servidumbres legales de hidrocarburos otorga derechos de tránsito a personas, sin especificar a quiénes se refiere; las empresas privadas, sobre todo petroleras, al sentirse dueñas de los terrenos seguramente negarán el tránsito a sus legítimos dueños; mientras para éstas prevé el tránsito de transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la construcción, vehículos, maquinaria, y bienes de todo tipo, entre otras, que visto el ejemplo de Puebla, Morelos y Tlaxcala, puede incluso apoyarse en el Ejército para imponerse’’. ¡Hasta mañana!

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