El juez federal Felipe Consuelo Soto, responsable del concurso mercantil de Oceanografía, recibió el dictamen relativo a la visita domiciliaria que José Antonio de Anda Turati –designado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) como visitador para dicho concurso mercantil– practicó a la empresa de Amado Yáñez Osuna.

Además, el juez concedió cinco días hábiles a las partes para que presenten alegatos por escrito.

Una vez que se reciban los alegatos respectivos, el juez decidirá si inicia el periodo de un año que indica la ley de concursos mercantiles, a fin de determinar si Oceanografía debe ser declarada en quiebra.

El pasado 9 de abril el gobierno federal presentó la demanda de concurso mercantil para Oceanografía, con el propósito de protegerla de las acciones legales de sus acreedores y buscar la posibilidad de ordenar el pago de sus adeudos o incluso la quiebra.

El caso fue asignado a Felipe Consuelo Soto, juez tercero de distrito en materia civil del Distrito Federal, quien llevó el concurso mercantil de Mexicana de Aviación y que fue relevado del mismo por quejas de irregularidades y parcialidad en el desahogo de este asunto.

Por el monto de pasivos, la demanda concursal sobre la empresa de Amado Yáñez Osuna parece en principio más grande que el caso de Mexicana, cuyo pasivo total reconocido al declararse la quiebra fue de 11 mil 800 millones de pesos.

En el caso de Oceanografía, dos de sus emisiones de deuda ascienden a 495 millones de dólares, tiene créditos sin garantía de 400 millones de dólares con Banamex; deudas de 40 millones de dólares con Banorte y de 220 millones de euros con Rabobank Group.

El concurso mercantil solicitado por la autoridad federal tiene como propósito que Oceanografía llegue a un convenio con sus acreedores para restructurar las deudas y garantizar la operación de la empresa, la cual tiene varios convenios vigentes con Pemex hasta 2015.

Para Banamex, institución que fue defraudada con 400 millones de dólares, la demanda concursal no es del todo favorable porque al final de este procedimiento, sea con convenio de acreedores o quiebra, estaría entre los últimos en cobrar.

Lo anterior, porque la preferencia de pago es para los trabajadores, los adeudos garantizados y las deudas fiscales; al final se encuentran los acreedores sin garantía como es el caso de Banamex, que prestó 585 millones de dólares a Oceanografía y de ellos 400 millones sin garantía.

El 28 de febrero pasado la Procuraduría General de la República (PGR) requisó las instalaciones de Oceanografía y congeló más de 50 cuentas bancarias por la investigación que inició por fraude y lavado de dinero.