Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Michoacán son los estados que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tiene identificados como de mayor riesgo, luego de que tres trabajadores de Diconsa desaparecidos desde abril fueron encontrados en una fosa clandestina en la entidad guerrerense la semana pasada.

El subsecretario de Desarrollo Social, Ernesto Nemer, explicó que la gente de la dependencia que labora en el campo anda en las zonas más alejadas, las más pobres y ‘‘el crimen organizado no distingue quien es quien’’.

Entrevistado antes de la firma de convenios de colaboración de la dependencia con organizaciones y organismos públicos, dijo que se trabaja con los gobiernos estatales para detectar las zonas de riesgo y aseguró que lo ocurrido recientemente son ‘‘hechos aislados’’.

Insistió en que ‘‘no es un tema que vaya dirigido a desarrollo social’’, y quienes laboran en la dependencia son ‘‘gente seria que se dedica a hacer su trabajo’’. Abundó que tras estos hechos, las indicaciones son revisar las localidades a las que tienen que llegar y viajar acompañados; también que cuando vayan a esas zonas avisen a las autoridades.

Sin embargo, el director de Diconsa, Héctor Velasco, organismo al cual pertenecían los funcionarios asesinados, descartó que haya zonas de riesgo y afirmó que el trabajo de la red de tiendas no ha sido obstaculizado. Explicó que en ocasiones para acudir a ciertos sitios piden el auxilio de elementos policiacos, sobre todo en Guerrero, ya que en Michoacán y Tamaulipas operan normalmente y ‘‘no somos blanco’’.

Consideró que las muertes de Gustavo Abarca Radilla, Héctor López Torres y Carlos López Sánchez son ‘‘hechos aislados’’. Aseguró que ‘‘no se han detectado ataques a la empresa como tal. Estamos pendientes de las averiguaciones para que nos den pistas más claras sobre el móvil; lo que tenemos claro es que no fue un asalto ni tiene que ver con Diconsa’’.

Dijo que no hubo demanda de rescate y ‘‘cuando a los compañeros los secuestraron, la camioneta en que viajaban quedó intacta’’. Dijo finalmente que las autoridades judiciales estatales son las que tienen que resolver.