l 20 de mayo entraron en vigor las nuevas disposiciones para garantizar el acceso abierto a la información científica. Se trata de un hecho importante, pues se busca con ello que los investigadores, profesores, estudiantes y el público en general puedan acceder sin restricciones y de forma gratuita a los resultados de los proyectos científicos, tecnológicos y de innovación que se realizan en nuestro país. Aprovechando las ventajas que actualmente ofrecen las tecnologías de la información, se creará un repositorio nacional, algo así como una gran biblioteca científica virtual, la cual concentrará todos los libros, revistas, artículos, tesis, disertaciones, memorias de congresos, patentes y otros productos de la investigación que se obtienen mediante el empleo de fondos públicos.

Para lograr lo anterior ha sido necesario modificar tres leyes que son las de mayor jerarquía en el sistema científico mexicano: La de Ciencia y Tecnología, la General de Educación y la del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). La primera incluye ahora las disposiciones generales para la creación de una plataforma digital de acuerdo con los más altos estándares internacionales, y describe algunas características que tendrá, entre las que sobresale la creación de bases de datos por instituciones, así como redes entre éstas para crear el repositorio nacional centralizado. Esta Ley señala como responsable del diseño e impulso de este gran proyecto al Conacyt, organismo que presentará antes del 20 de septiembre de este año los lineamientos y disposiciones para su pleno funcionamiento.

La idea es excelente y será de gran beneficio para el país. Si bien los investigadores tienen resuelta de una u otra manera su búsqueda de información científica a través de las suscripciones a libros y revistas de las instituciones a las que pertenecen, ahora, al contar con esta gigantesca base de datos, podrán compartir sus resultados con otros colegas principalmente de México –aunque también de otros países principalmente de Hispanoamérica como lo muestra la experiencia de bases de datos anteriores, como Latindex y SciELO–, y obtenerlos de otros investigadores que trabajan temas afines.

El beneficio principal será sin duda para los profesores y los estudiantes de los distintos niveles educativos, quienes podrán acceder a textos completos en formato digital sin requerimientos de suscripción registros o pagos, y los podrán imprimir almacenar o enviar de forma libre, con lo cual se da un paso importante en la democratización del conocimiento científico.

Pero lo anterior implica también una gran responsabilidad, pues se debe garantizar la calidad de los materiales que se pongan a disposición de la sociedad. Afortunadamente esto lo prevé la ley, pues se anticipa que deberán ser productos que hayan pasado una revisión por pares. Las publicaciones de las principales instituciones de educación superior en el país funcionan de esta manera, pues todos los libros, artículos y otros productos de la investigación pasan por comités editoriales y en general por rigurosos mecanismos de evaluación de los contenidos. El Conacyt definirá los lineamientos para decidir qué forma parte y qué no del repositorio nacional.

Todo lo anterior está muy bien; sin embargo, hay aspectos que merecen una reflexión aparte. El sistema todavía no existe, pero ya se anticipan algunas resistencias. Por ejemplo, en un artículo reciente sobre este mismo tema, el doctor José Sarukhán comenta –a partir de algunas experiencias de acceso abierto en la institución que actualmente dirige– que en un primer momento algunos investigadores no tienen muy claro que su investigación y los productos que se derivan de ella son propiedad pública y deben ser accesibles a la sociedad (El Universal, 30/5/14).

En mi opinión hay además otros elementos en los que será necesario poner atención para lograr los objetivos de democratización que se persiguen. Por la orientación de los sistemas de evaluación sobre el trabajo científico en México, la mayoría de los investigadores que utilizan fondos e infraestructura públicos, procuran dar a conocer sus resultados principales en revistas internacionales, las cuales, hasta donde yo entiendo, quedarán fuera de los repositorios nacionales, pues la propia ley enfatiza el respeto a las disposiciones sobre derechos de autor y propiedad intelectual, por lo que será difícil ver en un primer momento a las publicaciones científicas internacionales de alto impacto formando parte de las bases de datos de acceso abierto en nuestro país.

Lo anterior muestra que hay una tarea pendiente. Si se da tanta relevancia al anuncio sobre las nuevas disposiciones para el acceso abierto a la información científica (lo hizo el propio Presidente de la República), es porque realmente la tiene, pues beneficiará a la sociedad que tendrá en sus manos y podrá utilizar los resultados del trabajo científico realizado con fondos públicos. Así, parecería lógico propiciar y estimular que los investigadores alimentaran este acervo. Entonces habría que reflexionar si los sistemas de evaluación a nivel general y en las instituciones son los más apropiados para que esto ocurra.