ual enfermedad silenciosa, incubada por mucho tiempo, la pederastia clerical se ha manifestado en San Luis Potosí de manera tan invasiva que prácticamente no hay capa social o esfera pública que haya escapado a sus efectos.

A los casos de Eduardo Córdova, ya excluido del sacerdocio; del sacerdote prófugo Noé Trujillo en el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez y del cura Javier Castillo en la comunidad de Ojo Caliente, 30 kilómetros al sur de la capital, hoy se suma una denuncia en contra de Guillermo Gil Torres, quien también oficia en un templo soledense.

Si la depredación sexual cometida por Córdova dejó víctimas en todos los niveles socioeconómicos, su capacidad de acción contaminó las actividades de los tres arzobispos que lo tuvieron como colaborador e involucró al gobernador Fernando Toranzo Fernández y su esposa, María Luisa Ramos.

Arturo Szymanski, Luis Morales Reyes y Carlos Cabrero, máximos jerarcas de la Iglesia católica local en las dos décadas recientes, enfrentan señalamientos de encubrimiento por los que tendrán que responder ante la justicia civil.

Por su cercanía con Córdova, Toranzo Fernández y su esposa también enfrentan requerimientos judiciales no sólo de las víctimas y sus representantes, entre ellos Alberto Athié, sino también de la representación legal de la Iglesia.

El descubrimiento de la pederastia clerical escandaliza por el número de víctimas y por el involucramiento de las más altas esferas del poder político y eclesial, pero en la medida en que no sólo se incrementa el número de víctimas sino también el de victimarios, la gravedad del mal llega a niveles insospechados.

Un solo depredador sexual como Córdova, con el alcance que tuvo y la condescendencia encubridora de quien le pudo poner un alto, es suficiente motivo de alarma. Que al caso se incorporen tres personajes más del mismo ámbito elimina la opción de hechos aislados y llama a medidas de mayor alcance. ¿Las habrá?