En las cárceles de Sonora los internos padecen condiciones nefastas de alimentación y salud. En semanas recientes decenas de ellos han contraído tuberculosis y no han recibido atención médica, dijo la activista en derechos humanos Martha Solórzano.

La directora de la Asociación Esperanza, que ha revelado abusos de la policía de San Luis Río Colorado, acusó al director de custodios del Centro de Readaptación Social de esa localidad, Manuel Márquez Loya, de lucrar con los alimentos que envía el gobierno local a la prisión y de intimidar a los familiares de los internos para que no denuncien los abusos.

A raíz de la detención y encarcelamiento de su hijo Jorge Luis Zavala Solórzano, el 9 de octubre de 2012 –acto que ella considera venganza de las autoridades–, la activista lo ha visitado en los penales de San Luis y Hermosillo, donde, aseguró, vio muchos reos enfermos de tuberculosis.

“No puedo dar una estimación, pero tal vez son cientos de muchachos. Cuando fiu a visitar a mi hijo ellos me reconocieron y me pidieron denunciar lo que está pasando, pero les dije que no podía porque mi hijo estaba en sus manos y lo podían matar, pero ya logré sacarlo a un penal de Baja California, enfatizó.

Soy enfermera y trabajé mucho con médicos. Aunque hace 20 años no ejerzo, el perfil de los enfermos se nota: la tos disminuye, se ven amarillentos, decaídos y con los ojos sumidos. Muchos están casi muriéndose, pero las autoridades del penal no hacen nada, deploró Solórzano.

Esta situación, consideró, pudo haber sido provocada por la falta de higiene y por alimentos en malas condiciones. Reiteró que, por órdenes de Márquez Loya, el personal vende la comida que envía el gobierno de Sonora.