Familiares de desaparecidos, integrantes de una nueva organización denominada Acciones por la Paz y la Convivencia AC, manifestaron su inconformidad por el manejo de recursos y operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Lamentablemente, señalaron, la comisión es una instancia, como tantas otras, donde los funcionarios tienen sueldos altos y están enfrascados en una guerra de poder, mientras las víctimas siguen desamparadas.

Afirmaron que el Programa de Atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas o No Localizadas (clave E-034), tuvo en 2013 un presupuesto de 233 millones de pesos, de los que sólo se aplicaron 95.8 millones, mientras que en lo que va de este año, de 70.2 millones autorizados, han ejercido 8.8 millones, indicó el grupo Unidos por la Paz.

Señaló que los destinatarios de esos recursos deben ser las víctimas, quienes en cambio salen huyendo de sus comunidades, a veces sólo con lo que traen puesto; personas que no tienen ni para el camión, ya sea para huir de quienes amenazan su vida o para seguir en la búsqueda de sus familiares.

En este grupo participan principalmente padres que desde hace varios años buscan a sus hijos o exigen justicia para el esclarecimiento de los hechos y para llevar ante la ley a los presuntos responsables, como es el caso de Javier Morlett, padre de Adriana, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, desaparecida en 2010 y cuyo cadáver fue encontrado en el Ajusto, o el de Julia Alonso Carbajal, madre de Julio Alberto, desaparecido hace seis años en el trayecto Guerrero-Nuevo León, adonde viajó para asistir a una fiesta.

Los integrantes de la CAEV están en pugna, luego de que Olga Noriega, ex directora de la comisión, acusó a los seis integrantes del pleno de haber operado para destituirla de forma ilegal, mientras Julio Hernández Barros dijo que su colega utiliza la mentira y el descrédito para obstaculizar el trabajo del organismo, sucesor de la Procuraduría de Atención a Víctimas, creada en el sexenio pasado para atender a miles de personas afectadas por la ola criminal e incluso por actos ilegales del Estado.

En entrevista, Julia Alonso dijo que el comisionado Hernández Barros argumentó que no ejercían la totalidad de recursos porque era necesario contar en principio con el reglamento de la Ley General de Víctimas.

Lo mismo le contestó a una víctima que solicitó la ayuda de la comisión; le dio su número telefónico, le dijo que le llamara para atender su caso, lo que no ha ocurrido hasta ahora.