Las leyes reglamentarias en materia energética, enviadas por el Senado a la Cámara de Diputados, contribuirán ‘‘a reducir sustancialmente el monopolio del Estado en materia petrolera, arrebatando a Pemex (Petróleos Mexicanos) la mayor parte de las áreas de interés de la ronda cero, y transferirá proyectos rentables al sector privado restándole a la paraestatal los menos lucrativos’’.

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados elaboró un análisis de la propuesta presidencial de legislación reglamentaria. El documento señala que el criterio de máxima competencia, enarbolado por la administración federal, garantiza conservar los monopolios naturales en el seno del Estado, pero sujetos a la obligación de actuar de manera neutral y cobrar precios marginales por sus servicios.

Paralelamente se ‘‘quitaría a Pemex y CFE (Comisión Federal de Electricidad) actividades de mercados y áreas de oportunidad para facilitar el acomodo del sector privado y la multiplicación de nuevos operadores, fragmentar y limitar los espacios de actuación de las empresas públicas para que no se conviertan en actores dominantes, mantener la obligación de las empresas públicas de realizar proyectos de impacto social o desarrollo económico, a pesar de tener enfrente competidores que no estarán sujetos a ese tipo de condiciones.

‘‘También, restringir la integración vertical y horizontal de los participantes para garantizar condiciones de competencia, y transformar todas las actividades en mercados expuestos a la competencia’’, se dice en el documento perredista.

El análisis, que formará parte de las argumentaciones contra el paquete de propuestas energéticas del Ejecutivo Federal, advierte que ‘‘Pemex fue sometido a enormes presiones durante el proceso de elaboración de la solicitud de campos a retener’’.

La lista de éstos enviada a la Secretaría de Energía (Sener) no fue aprobada por el consejo de administración, sino por un comité auxiliar del mismo, y con esto la paraestatal fue obligada a ceder de la ronda cero, las siguientes proporciones: 60 por ciento de las áreas exploratorias; 69, de los recursos prospectivos; 85 de los recursos en lutitas; 71 en aguas profundas; 41 en aguas someras; 17 en áreas terrestres; 29 por ciento de las reservas 3P; 17, de las reservas 2P, y 3 de las reservas 1P.

‘‘La Secretaría de Energía, con el apoyo técnico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tiene hasta mediados de septiembre para decidir, de forma unilateral, qué campos y áreas dejará a Pemex.

‘‘Las iniciativas del Ejecutivo no prevén ningún mecanismo o instancia de apelación… la ausencia de disposiciones legales, podría obligar a la paraestatal a entregar información geológica y geofísica estratégica, sin que la Comisión Nacional de Hidrocarburos esté siquiera preparada para resguardarla debidamente’’.