Madrid, 4 de junio.

El rey Juan Carlos será un español de a pie dentro de dos semanas, o casi. Cuando deje de ser monarca perderá toda la protección de la que goza ahora frente a los tribunales.

Juan Carlos, de 76 años, ha estado durante todo su reinado libre de toda responsabilidad civil y penal porque la Constitución española establece que el rey es inviolable e inimputable.

Ninguna reclamación que se le hiciera ante los tribunales tenía opción de prosperar, y las ha habido: dos demandas de paternidad, de un español y una belga, que dos jueces rechazaron admitir a trámite en 2012 en alusión al artículo 56 de la Carta Magna española: La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

Aunque no gobierna, tiene atributos de reyes que sí gobernaban y de manera absoluta. Es impensable, decía el conocido diputado republicano Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida (IU), cuando los tribunales rechazaron investigar esos casos.

Esas dos demandas tampoco podrán prosperar, porque Juan Carlos perderá la inmunidad legal en el momento en el que deje de ser rey, pero los 39 años que ha estado en el trono siguen estando blindados.

La situación legal del que pronto será ex monarca está consumiendo mucha tinta.

La abdicación es una situación inédita en la España democrática, que sólo ha tenido a Juan Carlos como monarca, y la aparición de una figura no contemplada en el ordenamiento jurídico, la del ex rey, deja en evidencia vacíos legales.

Uno de ellos es el aforamiento del ex rey. El aforamiento es un privilegio que tienen los altos cargos institucionales –entre ellos el presidente del gobierno y los ministros– y los parlamentarios nacionales y regionales de ser investigados y juzgados por los altos tribunales en vez de por los ordinarios.

Hasta ahora, ninguno de los miembros de la familia real gozaba de ese privilegio, pese a que en el país hay 10 mil personas que lo disfrutan.

Por eso la infanta Cristina, es investigada y fue interrogada por un juez de instrucción ordinario en el escándalo de corrupción que protagoniza su marido, Iñaki Urdangarin.

El rey no necesitó nunca el aforamiento por la condición de inviolable y no sujeto a responsabilidad que otorga la Constitución al monarca. Y el gobierno de Mariano Rajoy inició hace poco una reforma para aforar a la reina Sofía y a los príncipes Felipe y Letizia.

Pero ahora todo cambia, y algunos expertos suponen que el Ejecutivo hará modificaciones antes de mandarla al Parlamento para aforar al ex rey y que, en caso de que tenga que responder ante la justicia, lo haga ante el Tribunal Supremo.