En los primeros 16 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto se registraron en el país un promedio de 246 llamadas diarias de extorsión que, en su mayoría, no llegaron a denunciarse ante una agencia del Ministerio Público.

En algunos días de esos meses la cifra de llamadas extorsionadoras osciló entre 350 y 380, según consta en datos estadísticos recabados por el centro de atención de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

El informe refiere que hasta mayo pasado la comisión había recibido 94 mil denuncias por intentos de extorsión telefónica, de las cuales se evitó el pago en 95 por ciento de los casos.

De esta cifra, sólo en 6.7 por ciento de los casos se presentó la denuncia de las víctimas de extorsión ante un agente del Ministerio Público, indican los informes estadísticos consultados por La Jornada.

La extorsión telefónica no implica un delito grave en la mayoría de los estados, por lo que quienes incurren en esa conducta pueden alcanzar la libertad con el pago de una fianza.

De los 31 estados de la República, sólo el de Veracruz, que encabeza Javier Duarte de Ochoa, ha presentado una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados de esa entidad para modificar el Código Penal veracruzano y tipificar como grave ese delito.

Por su parte, el Colegio Nacional de Abogados Penalistas –que integra en todo el país a unos 3 mil juristas– consideró que la iniciativa del gobernador veracruzano ‘‘se trata de un avance jurídico significativo, pues la extorsión telefónica, ya sea por llamada o mensaje de texto o cualquier otro medio electrónico, es una conducta delictiva sumamente frecuente’’.

Jorge Reyes Peralta, quien preside dicho colegio de penalistas, dijo que ‘‘en el caso del estado de Veracruz, la extorsión telefónica no sólo se tipifica como delito, sino que va más allá: se considera delito grave merecedor de prisión preventiva al establecerse una pena de 3 a 10 años de prisión a quien lo cometa, evitando de esta manera que estos delincuentes obtengan su libertad bajo fianza y continúen realizando dicha conducta delictiva’’.

Los informes estadísticos de la Comisión Nacional de Seguridad puntualizan que, junto con el delito de secuestro, la extorsión está en sus niveles más altos desde 1997, aunque aclara que son delitos que regularmente no son denunciados ante una agencia del Ministerio Público, sino exclusivamente ante la comisión y ello se hace vía telefónica.

Según estos reportes estadísticos, la lista de entidades con mayor tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes la encabeza actualmente Morelos, con un porcentaje de 17.45; le siguen Baja California Sur, con 16.29, y Quintana Roo, con 11.65 por ciento.

El cuarto y quinto lugares en materia de extorsión se los llevan el Distrito Federal y el estado de México, respectivamente.