San Cristóbal de Las Casas, Chis., El obispo local, Felipe Arizmendi Esquivel, expresó su apoyo a los habitantes de San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal, asentados desde hace 40 años en la reserva de Montes Azules, para que no sean desalojados ni reubicados, como proponen autoridades federales y estatales. Reiteró que los gobiernos federal y estatal deben cuidar la paz social y no someterse a otros intereses y presiones. Dijo que encarcelar a personas e inculparlas de delitos no cometidos, sólo como presión política, no es de sana y recta justicia, como ocurre con Gabriel Montoya Oseguera, asesor de bienes comunales de la zona lacandona, detenido el 15 de mayo por la toma de la alcaldía de Altamirano en 2001. En cuanto al conflicto de límites entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, planteó que quizá sea necesario que la Suprema Corte, tomando en cuenta todos los estudios que se han hecho, resuelva no conforme a papeles de la (desaparecida) Secretaría de la Reforma Agraria, sino conforme a los derechos naturales e históricos de los pueblos, señalados por los límites que establece el río entre ambos municipios.