El programa Oportunidades no ha tenido el impacto ocupacional que se esperaba, aun cuando las familias mexicanas beneficiadas elevaron sus niveles de educación, salud y nutrición, afirman la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un análisis sobre la vinculación de los planes de transferencias, instrumentados hace dos décadas en diversos países de la región, con el mercado laboral.

Creado hace 17 años, primero como Progresa y rebautizado este siglo como Oportunidades, el principal programa de transferencias de México y el primero de América Latina que tuvo alcance nacional ha tenido un impacto limitado y poco significativo en la movilidad ocupacional intergeneracional desde su implementación. Lo que consiguió fue aumentar el nivel educativo de los destinatarios, pero la falta de oportunidades productivas y laborales, especialmente en áreas rurales, no ha permitido mejorar significativamente su condición social, puntualiza el documento. Señala, incluso, que en zonas de alto flujo migratorio muchos destinatarios de ese esquema emigraron a Estados Unidos debido al trabajo escaso y las precarias oportunidades locales.

La situación de los jóvenes

Al retomar diversas investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre el impacto del programa en la movilidad ocupacional en México, la Cepal y la OIT ponderan que de los jóvenes registrados en Oportunidades en la década pasada, 40.2 por ciento de mujeres y 74.1 de hombres permanecían en una categoría ocupacional igual o inferior a la de sus padres. Esos niveles son similares a los reportados para jóvenes que no fueron beneficiarios del plan: 43.6 por ciento entre mexicanas y 71.7 por ciento entre varones.

Pieza fundamental de la política social en América Latina desde mediados de la década de los 90, los programas de transferencia condicionada han tenido por objetivo fundamental reducir la pobreza mediante apoyos económicos (monetarios o no) otorgados por los gobiernos a familias con hijos, independientemente de que participen o no el mercado laboral formal, pero a condición de que cumplan ciertos requisitos que incidan en mejorar su nivel de vida y capacidades.

En dos décadas dichos esquemas han crecido tanto que a la fecha existen en 20 países de América Latina y el Caribe, cubren a 127 millones de personas –representan 21 por ciento de la población de la región– y su costo alcanza apenas 0.36 por ciento del producto interno bruto (PIB) regional, seis veces más de lo que se gastaba en 2000.

Seis países, entre ellos México, superan con sus programas el promedio regional de 21.1 por ciento de cobertura poblacional. Ecuador encabeza la lista, al beneficiar con las transferencias económicas condicionadas a 43.1 por ciento del total de sus habitantes. Le siguen Brasil (28.5 por ciento), Guatemala (27.7), México (27.2), Colombia (24.6) y Uruguay (21.5). En el otro extremo, Haití sólo cubre 3.1 por ciento de su población con ese tipo de programas, Chile 3.7 y Argentina 8.6.

La Cepal y la OIT apuntan que, en su origen, los planes de transferencia partían del supuesto de que los niños de los hogares destinatarios, debido a sus mayores niveles de educación, salud y nutrición, una vez llegados a la edad de trabajar se insertarían de mejor manera en el mercado laboral, lo que permitiría a sus familias superar la pobreza con sus medios.

Ello no ha ocurrido y por ello en años recientes se les han ido incorporado medidas específicas de inclusión laboral para los jóvenes beneficiados, pues hasta ahora, sentencian la Cepal y la OIT, sólo se ha constatado que las transferencias condicionadas sólo contribuyeron más al alivio de la pobreza que a una verdadera ruptura de su reproducción intergeneracional.