Trabajadores del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida) han denunciado durante los pasados cuatro años diversas irregularidades y violaciones a las condiciones generales de trabajo que comete la coordinadora administrativa, Diana Cerezo Díaz. En 2012, con la intervención de la dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud (Ssa), lograron el acuerdo de que la funcionaria no tendría intervención alguna en los asuntos laborales y administrativos, pero no se cumplió.

Al contrario, señaló Carlos García, secretario general de la sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ssa, los abusos de Cerezo han continuado, a grado tal que la situación ya es insostenible, como expresó en el oficio más reciente (26 de mayo de 2014) que envió al subsecretario Pablo Kuri.

Resaltó que la directora de Censida, Patricia Uribe, conoce la problemática, pero no la resuelve, ni siquiera porque la deficiente calidad del trabajo de Cerezo afecta negativamente la operación del organismo. La Jornada solicitó a la funcionaria su opinión sobre el tema, pero no hubo respuesta.

García comentó como ejemplo de las deficiencias en el trabajo de Cerezo el rechazo de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) de la Ssa a la solicitud de autorización para cambiar la sede de Censida a otro edificio. Esa área recibió la petición con el argumento de que existen deficiencias que afectan la operación del centro.

Diana Cerezo se encargó de presentar la propuesta de otro inmueble que se tomaría en arrendamiento. En una nota informativa enviada el 15 de mayo de 2013 a la DGRMSG, argumentó que la sede actual tiene deficiencias en materia de protección civil (carece de escalera de emergencia), estacionamiento (cuenta con cajones), espacio y ubicación.

Sin embargo, cinco meses antes, ella misma solicitó autorización a la Ssa para renovar el contrato de arrendamiento del edificio en Anzures, con los argumentos contrarios. Así lo hizo notar la DGRMSG, en una tarjeta informativa cuya copia tiene La Jornada.

Esa área agregó que el edificio propuesto no mejoraría las condiciones de operación, pues tampoco cuenta con escalera de emergencia y tiene 16 cajones para estacionamiento (dos menos que el inmueble actual). Planteó que la renta se incrementaría 17.3 por ciento sobre lo que se pagaba por el edificio en la calle Herschel.