En la consignación del empresario Amado Yáñez, la Procuraduría General de la República (PGR) omitió tomar en consideración el peritaje contable que presentó Banamex sobre el daño patrimonial que le provocó el fraude cometido por Oceanografía, revelaron funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Las fuentes entrevistadas consideraron inexplicable tal decisión; señalaron que la integración de la averiguación previa contra Amado Yáñez se realizó bajo la supervisión de funcionarios adscritos a la Suprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (Sjai).

En tanto, el juzgado 14 de distrito en materia penal no ha recibido solicitud alguna de libertad bajo fianza por parte de la defensa del empresario, por lo que fuentes del Poder Judicial de la Federación señalaron que será hasta el martes próximo –cuando vence el plazo para dictar auto de formal prisión o de libertad– cuando se dé a conocer información judicial del caso.

Los colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam indicaron que en el expediente que dio origen a la causa penal 47/2014 se decidió no incluir ninguna estimación del monto defraudado a Banamex, aunque la defensa de la institución bancaria le presentó peritajes en los cuales reclama 5 mil 300 millones de pesos como reparación del daño causado por Oceanografía y Amado Yáñez.

De igual manera, mencionaron que la integración de la averiguación previa original contra el empresario fue por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se desarrolla con total hermetismo por parte de fiscales de la Seido y de la Sjai; en ella se analiza la posibilidad de acusarlo por delincuencia organizada, ya que en el fraude participaron más de tres personas, pero su consignación dependerá del cúmulo de pruebas que obtenga el Ministerio Público Federal.

Fuentes cercanas a los abogados de Banamex informaron que en caso de que se le conceda la libertad bajo caución o auto de libertad, se apelará de la decisión judicial para que sea un tribunal unitario el que resuelva que antes de ser liberado pague los daños causados a la institución crediticia.