Saltillo, Coah., 30 de mayo.

El caso de la francesa Florence Cassez no es el único donde las autoridades montaron escenificaciones para tratar de demostrar culpabilidades, o de extranjeros que no tuvieron acceso al apoyo consular inmediato a su detención, y permanecen en la cárcel, señaló Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ante alumnos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Sánchez Cordero –quien redactó el proyecto de sentencia mediante el cual la SCJN ordenó la liberación de Cassez– dijo que en las cárceles mexicanas hay extranjeros y mexicanos a quienes se les violaron derechos indispensables, como los servicios consulares y la consignación inmediata ante el Ministerio Público, condiciones que se deben aplicar en la presunción de inocencia.

Recordó que esas violaciones y el montaje televisivo que en su momento realizaron funcionarios de la administración del gobierno panista de Felipe Calderón –señaladamente Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública– fueron considerados motivos suficientes para ordenar la liberación de Cassez, pues en el juicio no se discutía si era culpable, sino la afectación a sus garantías como persona.

Fue un montaje que corrompió todo el proceso penal, desde el inicio; no había manera de reponerlo porque precisamente era tal la violación de garantías y derechos desde el principio que, ¿cómo repones una escenificación ajena a la realidad; cómo repones un proceso que está basado en un montaje? Es imposible, aseguró.

Asimismo, la ministra reprobó el uso de testigos protegidos para ordenar detenciones e imputar responsabilidades penales a personas que no tuvieron las garantías mínimas de defensa, fueron a prisión y después recuperaron la libertad debido a que los casos se cayeron como castillos de arena.

En el caso de los testigos protegidos “ya se ve como están cayendo una y otra resolución, precisamente porque no hay confianza en la prueba, en la testimonial. Los medios de comunicación han dado a conocer que muchos de los procesos penales basados en la fiabilidad de testigos protegidos están derrumbándose.

Un testigo protegido podía dar una declaración en Ciudad Victoria (Tamaulipas), como en Tabasco, Morelos o Michoacán, y gracias a Dios nuestros jueces se están haciendo cargo de esta poca o nula confianza en las declaraciones de estos testigos, expuso.