Madrid, 30 de mayo.

Tras cinco días consecutivos de resistencia en las calles de Barcelona, el alcalde de la ciudad, Xavier Trías, ordenó detener la demolición del centro social Can Vies, que tras 17 años de labor vecinal, cultural y social se convirtió en referente del barrio Sants.

Desde la plataforma de Can Vies los voceros rechazaron cualquier diálogo con el actual gobierno local y reclamaron la inmediata liberación de los 12 de los 61 detenidos, quienes permanecen en prisión desde el inicio del conflicto, hace cuatro días.

Una de las demandas de los grupos vecinales y jóvenes vinculados con organizaciones anarquistas y del movimiento okupa de Barcelona era que se detuviera la demolición del centro social, lo que se logró debido a la rápida respuesta de los vecinos.

La decisión no es definitiva, sino hasta que haya sentencia judicial, pero en un comunicado el ayuntamiento de Barcelona expresó que mantiene la apuesta por encontrar una solución acordada y satisfactoria para todas las partes.

Consideró que es posible encontrar soluciones si todo el mundo pone de su parte, además de mostrar su convencimiento de que hay hay alternativas positivas para que Can Vies pueda continuar con su labor en el barrio.

El gobierno local, sin embargo, rechazó las protestas violentas, sobre todo a raíz de los disturbios de los pasados cuatro días, en los que hubo quema de botes de basura y destrucción de mobiliario urbano. Se trata de la protesta vecinal más intensa y grave de los últimos años en Barcelona, que dejó saldo de 61 detenidos, de los cuales 12 siguen en la cárcel acusados de delitos como atentado a la autoridad.

Los voceros de los jóvenes y vecinos movilizados en defensa de su centro social, entre ellos Jordi Martí, culparon a la policía de que las manifestaciones pacíficas se tornaran violentas, al impedir que se desarrollaran con normalidad. Quien piense que es sólo un desalojo es que es ciego o no quiere ver.

Exigieron que se detengan los desalojos de otros centros en peligro, así como la desmilitarización del barrio. Al gobierno barcelonés le pidieron autorización para reconstruir con sus manos la parte demolida del centro social.