La forma en que el gobierno de un país propone utilizar el presupuesto público deja ver, más allá de los discursos, cuáles son sus verdaderas prioridades, y en el caso de los derechos humanos los recursos suelen gastarse de forma turbia y sin respetar criterios básicos de racionalidad y utilidad, advirtió Helena Hofbauer, directora de la organización Proyecto Internacional de Presupuesto (IBP, por sus siglas en inglés).

Durante su intervención en el taller sobre la elaboración, monitoreo y análisis de presupuestos con enfoque de derechos humanos –realizado ayer en el Museo de la Ciudad–, la especialista subrayó que cuando el dinero invertido en este rubro no se utiliza de forma correcta, no se ve reflejado en el bienestar de los sectores que más lo necesitan.

El presupuesto expresa los objetivos y las aspiraciones del grupo en el poder. Es ahí donde se ve en realidad dónde está comprometido el gobierno. Se puede hablar mucho y dar discursos sobre compromiso con los derechos humanos, pero si no hay una buena asignación presupuestal, no vamos a ningún lado, enfatizó Hofbauer.

Luego de destacar que el presupuesto siempre tiene que servir a los intereses de la mayoría, al estar integrado por recursos públicos, la analista recordó que en el artículo dos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –firmado por México– se establece la obligación de los estados miembros de invertir el máximo de recursos disponibles para cumplir estas garantías básicas de forma progresiva.

Sin embargo, lamentó Helena Hofbauer, tanto en México como en otras regiones del mundo siguen ocurriendo faltas y omisiones respecto a este tema, entre ellos el gasto en acciones que no mejoran el acceso a los derechos humanos, la compra de artículos o servicios relacionados a un precio mayor del debido o de mala calidad, el subejercicio de recursos o su reasignación a tareas no relacionadas.

México tiene mucho por recorrer para llegar a niveles realmente satisfactorios de democracia en todos los sentidos, dijo.