oy se cumplen 30 años de que fue asesinado el periodista Manuel Buendía, autor de la columna Red privada que publicaba el diario Excélsior. El autor intelectual de esa ejecución fue José Antonio Zorrilla Pérez (luego procesado y sentenciado), quien era jefe de la poderosa Dirección Federal de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación que ocupaba Manuel Bartlett durante la presidencia de Miguel de la Madrid.

El primer asesinato de la narcopolítica en México, como lo definió el periodista Miguel Ángel Granados Chapa en el libro en el que trabajaba al final de su vida, se cometió en el mismo contexto que décadas después sigue produciendo agresiones múltiples, cada vez más frecuentes e impunes, contra el ejercicio periodístico que hurga en los entretelones de los poderes (no sólo los políticos, también los empresariales y los religiosos, por mencionar algunos de ellos) y osa divulgar hallazgos y darles contexto.

A la par de lo que le sucede a la ciudadanía en general, durante el peñismo han aumentado la cuantía, la intensidad y la impunidad de los ataques criminales contra los periodistas. La organización no gubernamental Artículo 19 registró durante el primer año de la administración federal priísta 330 agravios contra periodistas, un promedio mensual de 27, lo que significó 59 por ciento más que en el último año del calderonismo. Igualmente, en 2013 hubo ocho asesinatos y tres desapariciones de personas ligadas al periodismo. En lo que va de este año se han conocido los asesinatos de Miguel Ángel Garduño, en Guerrero; Gregorio Jiménez de la Cruz, en Veracruz; Omar Reyes Fabián, en Oaxaca, y Benjamín Galván Gómez, en Tamaulipas.

El clima de agresiones a periodistas y medios de prensa ha seguido creciendo en el tiempo que lleva el gobierno de Peña Nieto y ahora parece ensañarse contra mujeres periodistas y comunicadoras, según una carta dirigida a Los Pinos que será dada a conocer hoy en el Monumento a Francisco Zarco, en una de las salidas del Metro Hidalgo, donde a partir de las 12 horas se realizará un acto en recuerdo de Buendía, en el que participarán Jorge Meléndez, José Reveles y Virgilio Caballero.

En particular, preocupa el clima negativo y el ambiente de acoso, persecución, amagos y miedo que viven ahora mismo 15 mujeres: Anabel Hernández, Carmen Aristegui, Martha Durán de Huerta, Citlalli López, Nathalie Gómez, Carmen Olsen, Sandra de los Santos, Denise Dresser, Jade Ramírez Cuevas Villanueva, Lydia Cacho Ribeiro, Ana Lilia Pérez, Balbina Flores y otras tres colegas que desde hace meses se convirtieron en desplazadas de sus estados de origen por amenazas de muerte.

Por todo ello se presentará hoy la exigencia a Enrique Peña Nieto para que se pronuncie públicamente por la protección efectiva a la libertad de expresión y ordene a todos sus subordinados la toma de medidas eficaces que detengan, de una vez por todas, el clima de agresiones contra el gremio. La demanda lleva la firma de Judith Calderón Gómez, Rogelio Hernández López y Víctor Ruiz Arrazola, directivos de la Casa de los Derechos de los Periodistas, y también es avalada y suscrita por los sindicatos Independiente de Trabajadores de La Jornada, Nacional de Redactores de la Prensa y de Trabajadores de Radio Educación.

La exigencia de que Peña Nieto demuestre con hechos una voluntad política de protección al ejercicio periodístico tiene como grave referente el fracaso de las instancias gubernamentales presuntamente creadas para tal fin, pues “la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR no ha mostrado la eficacia necesaria en sus obligaciones legales o en incidir en las procuradurías estatales para que los agravios, y particularmente los crímenes se investiguen a fondo y se ponga a disposición de la autoridad judicial a los responsables. Tal ineficacia estimula más la impunidad y atiza el clima de agresividad contra periodistas y medios como la revista Contralínea que ha padecido 18 agresiones y su caso lo tiene congelado el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación”.

Dicho mecanismo, además, “no ha podido actuar conforme a la ley que le dio origen. Hoy tiene un rezago mayor a los 90 casos (de unos 160 recibidos) para poder dictar medidas de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos; su equipo de trabajo, además de carecer del perfil legal necesario para operar carece de un liderazgo capaz que ni siquiera ha podido utilizar más de 330 millones de pesos dispuestos en un fideicomiso.

“Por este clima de agresiones y claros síntomas de ineficacia del Estado –agrega la carta de los periodistas–, también siguen creciendo la autocensura y las zonas del silencio impuestas con violencia. Por todo eso creemos indispensable que el Presidente de la República incorpore este tema en su agenda de preocupaciones urgentes y dicte las medidas necesarias para frenarlo”. A 30 años del asesinato de Buendía, en pleno auge de la narcopolítica, los periodistas y el ejercicio informativo siguen siendo víctimas de agravios casi siempre impunes. Más que decir o discursear, ¿qué contestará, con hechos, Peña Nieto?

Astillas:

La PGR decidió ejecutar una hospitalaria orden de aprehensión contra Amado Yáñez y reactivar el expediente de escándalo de Oceanografía en la misma fecha en que el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, organizó una conferencia de prensa para insistir en que no tiene conflicto de intereses como accionista en concesiones de estaciones surtidoras de gasolina y en la propiedad de una planta de almacenamiento en Quintana Roo. La idea es bajarle al asunto que impacta política y mediáticamente a tan estratégico funcionario federal… A propósito, en el estudio sobre Distribución territorial y turismo en Cozumel, elaborado por Alejandro Palafox Muñoz y Lilia Zizumbo Villarreal, se habla de la participación empresarial de las familias Joaquín y Coldwell, (http://bit.ly/1wuIvIp)… Y, viendo que los diputados han decidido sumarse al empate senatorial de discusiones energéticas con los juegos del Mundial, ¡feliz fin de semana!

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