Madrid, 29 de mayo.

El barrio de Sants, en Barcelona, vivió este jueves la cuarta jornada consecutiva de movilizaciones y mucha tensión en las calles entre los ciudadanos indignados y los centenares de policías antidisturbios que vigilan la zona. A la exigencia de que se frene la demolición del centro social Can Vies, del que fueron desalojados okupas, se sumó ahora la de que sean liberados los jóvenes detenidos durante las protestas del miércoles que se extendieron hasta esta madrugada.

El origen del conflicto fue el desalojo, el lunes pasado, seguido por trabajos de demolición del centro social Can Vies tomado por okupas que llevaban 17 años realizando labores vecinales, cívicas, culturales y deportivas en el barrio, y con el tiempo se convirtió en un lugar de encuentro de los vecinos.

El detonante fue una sentencia judicial que dictaminó el desalojo del inmueble y la devolución a sus propietarios.

La madrugada de este jueves, las calles del barrio fueron de nuevo escenario de una batalla campal entre jóvenes que incendiaron botes de basura y quemaron mobiliario urbano mientras la policía los reprimía con cañones de estruendo, balas de goma y macanas.

En las protestas de este jueves las principales plataformas vecinales llamaron a la calma para que no se repitieran escenas de violencia como las del ayer.

Miles de vecinos participaron esta noche en un cacerolazo que transcurrió sin problemas, así como una concentración en la plaza de Sants.

Un grupo de jóvenes continuó la protesta a las puertas de la comisaría, donde permanecían detenidos 18 de los 30 jóvenes aprehendidos anoche y esta madrugada, para exigir su liberación y que los policías salgan del barrio.

La situación ha llegado a tal extremo que se nombró a un grupo de intermediarios para intentar llegar a un acuerdo con los representantes de la plataforma de Can Vies y el ayuntamiento de Barcelona, presidido por Xavier Trias.

No podemos admitir que algunos violentos intenten imponer su opinión sobre los vecinos que son gente tranquila, dijo Trias, quien ubicó en 155 mil euros los daños en el mobiliario urbano.