Las cinco personas detenidas por los disturbios ocurridos en San Bartolo Ameyalco, en la delegación Alvaro Obregón, recibieron el auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en los delitos de ataques a la paz pública y lesiones contra el ejercicio legítimo de la autoridad.

La juez 56 penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, Beatriz Elena Moreno, inició el proceso penal en contra de Juan José González Martínez, Javier Brígido Castro, Alberto Miguel Pérez Linares, Gerardo Gutiérrez García y Eduardo Mejía Nava.

Como el delito que enfrentan es considerado grave, no podrán obtener el derecho a fianza, por lo que tendrán que enfrentar el juicio en prisión.

Uno de los consignados, Mejía Nava, además enfrentará el delito de lesiones contra el ejercicio legítimo de la autoridad, ya que se aportaron pruebas donde se le señala como uno de los responsables de agredir directamente a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Según la averiguación previa, durante el enfrentamiento Mejía Nava arrojó una bomba molotov que golpeó a una mujer de la corporación policial en el pómulo derecho.

Por ello, la impartidora de justicia consideró que existen elementos suficientes de prueba en su contra para que los consignados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal enfrenten un juicio penal por los hechos violentos ocurridos el pasado 21 de mayo.

De acuerdo con la SSPDF, 101 uniformados resultaron heridos, cuando policías acudieron a resguardar la realización de una obra hidráulica en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, en la parte alta de la delegación Álvaro Obregón.

En el operativo de recuperación de la vialidad donde se instalaba un tubo para agua potable, los vecinos inconformes trataron de impedir los trabajos y colocaron barricadas en los accesos, a las cuales les prendieron fuego y posteriormente se desató el enfrentamiento con la policía.

Del total de uniformados lesionados, 20 fueron considerados de gravedad, aunque en la actualidad sólo dos permanecen en el hospital.

Familiares y vecinos de las cinco personas detenidas por estos hechos han protestado frente a la PGJDF y presentado quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.