El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) condenó ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) a indemnizar y reconocer públicamente la inocencia de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, quien había sido sentenciada a 21 años de prisión.

La decisión prevé una indemnización por los más de tres años que no pudo trabajar por estar en prisión, por daño moral y las repercusiones morales, físicas y por las consecuencias de que ‘‘su pueblo le haya perdido el respeto’’.

Sin embargo, los magistrados no informaron sobre el monto de la indemnización, con el argumento de que así lo prevé la ley de transparencia, mientras los abogados defensores de Jacinta Francisco dijeron que por razones de ‘‘seguridad’’ no revelarían la cantidad.

La magistrada ponente, Nora Elizabeth Urby Genel, adelantó en breve entrevista que la resolución permitirá al tribunal emitir criterios jurídicos y tesis sobre reparación del daño en casos de personas que son liberadas luego de haber estado en prisión injustamente.

Explicó que el tribunal ha resuelto tres casos similares en favor de personas encarceladas injustamente, lo que permite avanzar hacia una jurisprudencia en la que se obligue al Estado a reparar el daño.

Los abogados del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, quienes llevaron la defensa de Jacinta, alertaron que la PGR podrá impugnar la decisión, aunque eso denotaría –sostuvieron– una brecha entre el discurso en favor de los derechos humanos y los hechos.

Al término de la sesión, Jacinta Francisco dijo que más que la reparación económica, lo importante es que se reconoció su inocencia y que se hizo justicia.

A las autoridades que la detuvieron y juzgaron, sólo les dijo que tomen en cuenta su asunto ‘‘para que hagan bien su trabajo’’. Los magistrados concluyeron que en este caso el Estado mexicano incurrió en una ‘‘actividad irregular’’ al acusarla del ‘‘secuestro’’ de seis agentes federales el 26 de marzo de 2006, luego de un zafarrancho ocurrido en esa fecha en el tianguis de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro.

En agosto de 2006 (tres meses después de los hechos), Jacinta fue detenida junto con las también indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron sentenciadas y liberadas posteriormente, y siguen a la espera de que la PGR las indemnice por daño moral.

Jacinta fue sentenciada a 21 años en prisión y liberada en 2009, a raíz de que un tribunal unitario le concedió un amparo para que el juzgado de la causa emitiera una nueva sentencia en la que se tomaran en cuenta diversas violaciones procesales, lo que obligó al Ministerio Público a no formular acusación en su contra.

Además, la PGR y el Poder Judicial Federal habían sido duramente criticados por organismos nacionales e internaciones defensores de derechos humanos, por haber actuado penalmente en contra de la indígena otomí, toda vez que las acusaciones en su contra eran inverosímiles, como el hecho de que, junto con dos de sus compañeras, hubieran ‘‘secuestrado’’ a seis agentes federales armados.

Jacinta exigió a la Procuraduría General de la República la reparación del daño, y la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam se negó a reconocer su responsabilidad, razón por la cual la defensa de la acusada interpuso un recurso, que fue el que resolvió ayer el TFJFA.