En las iniciativas de ley en materia hídrica que presentaron a la Asamblea Legislativa, en su momento Marcelo Ebrard y ahora Miguel Ángel Mancera, existen coincidencias como la descentralización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y el manejo directo de los ingresos por sus servicios.

Asimismo, la exposición de motivos que acompañan dichas propuestas sólo difieren en algunos párrafos.

Ambas propuestas plantean convertir al Sacmex como un organismo descentralizado de la administración pública con personalidad jurídica, patrimonio propio, plena autonomía de gestión, que estaría formada por una junta de gobierno, como máxima autoridad, presidida por el jefe del Ejecutivo local e integrada por representantes de dependencias relacionadas con la materia.

Tendrá una dirección general y un consejo consultivo como instancia de asesoría y consulta formado con universidades e institutos, organismos empresariales y organizaciones no gubernamentales que tomará parte en las decisiones permitiendo la participación de especialistas y la sociedad.

Difieren en que dentro de las atribuciones del Sacmex, por conducto de la junta de gobierno, ésta determinará las tarifas de sus servicios, pero en la propuesta de Mancera éstas tendrán que ser analizadas por la Asamblea Legislativa, que podrá, en su caso, solicitar al organismo su modificación para proteger a grupos vulnerables, pero deberá establecer dentro del presupuesto un subsidio complementario mediante un fondo de compensación, aunque la iniciativa de 2011 excluía la intervención del legislativo local.

Las dos iniciativas plantean que el Sacmex, y no la Secretaría de Finanzas, tenga a su cargo los ingresos que se generen relacionados con el agua y saneamiento.

En cuanto a la intervención de empresas particulares, la iniciativa enviada por Ebrard decía que el Sacmex tendría entre sus atribuciones promover la participación del sector privado en la construcción y operación de la infraestructura hidráulica de la ciudad de México a través de los esquemas previstos en la legislación del DF, mientras el nuevo documento señala que la junta de gobierno es la que deberá conocer y en su caso aprobar la contratación de terceros para la prestación de los servicios a cargo del Sistema de Aguas.

La principal diferencia es que en la iniciativa de Mancera se establece que en el DF toda persona tiene derecho al acceso, protección y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable y asequible; los ciudadanos podrán denunciar actos u omisiones que limiten ese derecho y se considera el recurso como de carácter prioritario y estratégico.