La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió ayer dos nuevas controversias constitucionales presentadas por el Presidente de la República contra diversos artículos de las reformas educativas de los estados de Baja California Sur y Morelos. Por lo anterio, suman ocho demandas del Ejecutivo federal contra entidades, por considerar que son contrarias a la reforma constitucional en la materia.

El Ejecutivo federal impugnó, entre otros puntos, el compromiso de ambas entidades de respetar los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación: laborales, prestacionales, sindicales, asistencias y prestacionales; la forma en que pretende realizar exámenes de evaluación e ingreso a la carrera magisterial y el derecho de las entidades a reconocer a las organizaciones sindicales que hayan sido previamente aceptadas por las autoridades laborales.

Los otros congresos y gobiernos locales demandados por el Ejecutivo federal ante el máximo tribunal por presuntamente no cumplir con lo estipulado en la reforma constitucional en materia educativa son: Baja California, Zacatecas, Oaxaca, Sonora, Michoacán y Chiapas,

Refuta el decreto 2157

En el caso de Baja California Sur, la demanda, admitida por el ministro Luis María Morales, es contra el decreto 2157 que expidió la Ley de Educación de la entidad, concretamente los artículos 8, fracción 4; 12, fracciones 4 y 7; 32, fracción 3; 60, párrafo tercero; 66, párrafos, tercero, sexto y séptimo y los transitorios cuarto, quinto y sexto, publicados el 22 de abril de 2014 en la gaceta oficial de esa entidad.

La controversia cuestiona que la legislación local pueda ajustar el calendario escolar para la formación de maestros de educación básica y que autorice el uso de material educativo para primaria y secundaria con base en los lineamientos establecidos por la autoridad federal, y conforme a los criterios que se fijen en la entidad, el relativo a prescolar.

Además de que las autoridades estatales emitan las convocatorias para el ingreso al servicio profesional docente y la posibilidad de que las convocatorias describirán los perfiles complementarios autorizados por la autoridad educativa federal.

En tanto, la demanda del Ejecutivo federal contra la Ley de de Educación de Morelos, admitida por el ministro Arturo Zaldívar, cuestiona también la facultad de las autoridades locales para establecer los criterios nutrimentales de los educandos y la regulación de alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, entre otros.