Debido a su género, las mujeres acusadas de delitos enfrentan una rutina de abusos, corrupción y condiciones carcelarias inhumanas, afirma un estudio de la organización no gubernamental Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal).

El texto señala que las presas también son víctimas de múltiples violaciones a sus garantías individuales. Además, padecen violencia y son discriminadas.

De acuerdo con el documento Violencia institucional contra las mujeres en situación de reclusión en México, en septiembre de 2013 la población penitenciaria era de 248 mil 920, de la cual 4.95 por ciento (12 mil 331) son mujeres. Sin embargo, la capacidad de los 10 centros de Readaptación Social (Cereso) para mujeres es de 3 mil 88. Esto es, 25.8 por ciento del total, lo cual no satisface las necesidades para albergar a todas.

Debido al índice de hacinamiento general en los centros femeniles de reclusión, que es de casi 400 por ciento, las presas son enviadas a penitenciarías mixtas.

La población carcelaria femenil se conforma principalmente por jóvenes. Sesenta y siete por ciento de encuestadas por Asilegal dijeron tener menos de 40 años. Sólo 9 por ciento aseguraron tener título universitario o estar estudiando una carrera. El resto tiene baja escolaridad. Cuarenta y uno por ciento afirmaron que tienen cuatro hijos o más, y 10 por ciento aseguraron que son indígenas.

Respecto de las indígenas presas, existe una población de 290, de las cuales 236 presuntamente cometieron delitos del fuero común (85 son procesadas y 151 ya fueron sentenciadas) y 54 del federal (26 procesadas y 28 sentenciadas). Pertenecen a 27 grupos étnicos.

Asilegal documentó que la alimentación de las reclusas es deficiente y no cumple los requisitos fijados por el derecho internacional para garantizar la disposición de recibir una dieta higiénica y de buena calidad.

Su alimentación generalmente no incluye lácteos ni frutas, que son indispensables para una dieta sana y balanceada. Además, son fundamentales para prevenir enfermedades como anemia, diabetes y osteoporosis, entre otras, así como para evitar epidemias.

Respecto del agua, la organización no gubernamental identificó que en la mayoría de esos centros no se suministra líquido potable a las internas, las cuales tienen dos opciones: beber agua de la llave, que no es purificada, o comprarla. Subrayó que sólo en un Cereso encontró un filtro de agua, pero éste está destinado a la población masculina y sólo ocasionalmente las mujeres tienen acceso a él.

En cuanto a asuntos sanitarios, la investigación descubrió que las deficientes condiciones de hacinamiento y alimentación generan enfermedades y situaciones críticas que afectan el derecho de las internas a la salud.

Además, que 56.6 por ciento de entrevistadas afirmaron haber padecido alguna enfermedad, principalmente de tipo respiratorio, como gripa y bronquitis. Le siguen las digestivas, cardiovasculares, trastornos hormonales y quistes en la matriz.

El aumento de ese tipo de padecimientos entre las internas es, según Asilegal, consecuencia de las condiciones de hacinamiento, mala alimentación y ocio al cual se ven sometidas por la falta de actividades.

Considera que el índice de enfermedades adquiridas en los centros penitenciarios, como colitis y estrés, va en aumento. Las recaídas cada vez son más frecuentes, evidenciando así que los servicios médicos en los penales no tienen capacidad para atender esa situación.

Agrega que los reclusorios femeniles generalmente no cuentan con medicamentos básicos, instrumentos necesarios ni personal médico –generalmente es masculino– necesario para atender al total de la población.

En relación con la salud reproductiva, Ailegal identificó que no hay acceso continuo a métodos anticonceptivos y de protección. Tampoco se ha planteado un programa eficiente de detección de enfermedades de transmisión sexual ni de capacitación e información sobre salud sexual.

El sistema carcelario está pensado, construido y manejado por y para los hombres. Las mujeres son consideradas una adhesión irremediable, a las que deben dar espacio, sin procurarles condiciones adecuadas para el ejercicio y goce de sus derechos humanos. Esta discriminación estructural no les permite una efectiva readaptación social.