ay plena constancia de que hace una década perpetró abusos sexuales contra adolescentes de la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación. Madres de algunas de las víctimas denunciaron al párroco Eduardo Córdova Bautista ante quien fue entonces obispo de San Luis Potosí, Luis Morales Reyes. El alto funcionario eclesiástico solamente sacó a Córdova Bautista de la parroquia para enviarlo como capellán a un centro de religiosas.

Los datos anteriores, y muchos más, han sido certeramente documentados por Sanjuana Martínez y publicados en La Jornada. En su relación de los hechos, Sanjuana refiere cómo, en días pasados, cuando víctimas salieron a la luz pública para denunciar la conducta sexual depredadora de Córdova Bautista, el vocero de la arquidiócesis potosina (Jesús Priego Rivera) sostuvo que los cargos eran falsos. Recurrió a la muy usada maniobra eclesiástica romana, en casos parecidos y por todo el mundo, de señalar a los denunciantes de estar interesados en difamar a la institución religiosa.

El camino seguido por el vocero Priego Rivera fue el mismo reiteradamente machacado por los defensores de Marcial Maciel Degollado. En 1997, al explotar el caso del fundador de los legionarios de Cristo y las décadas de continuados abusos a integrantes de distintas generaciones de infantes y adolescentes, los incondicionales de Marcial Maciel redujeron todo a turbios intereses de los denunciantes en opacar a un gran personaje y una obra fructífera al servicio de la Iglesia católica.

Entre los incondicionales macielistas hubo connotados personajes de la alta jerarquía eclesiástica; también, encumbrados empresarios que usaron su poderío económico y conexiones políticas para boicotear a los medios informativos que dieron espacio a los denunciantes. De forma altanera y despreciativa hacia quienes presentaron las evidencias del caso Maciel, jerarcas como Norberto Rivera Carrera, Juan Sandoval Íñiguez y Onésimo Cepeda hicieron escarnio de los depredados por Marcial Maciel.

Para 2004, cuando llegaron a manos del arzobispo Luis Morales Reyes los primeros señalamientos sobre la conducta del sacerdote Eduardo Córdova, existían en muchas diócesis del mundo voluminosos expedientes de pederastia clerical. Ya entonces diócesis como las de Boston y Los Ángeles, entre otras, habían tenido que desembolsar millones de dólares para indemnizar a víctimas de los abusos. En México el escurridizo y bien protegido Marcial Maciel estaba arrinconado por cúmulos de evidencias que no dejaban lugar a dudas sobre que en su pernicioso actuar tuvo redes institucionales en su favor que le otorgaron impunidad. Nada de esto llevó al arzobispo de San Luis Potosí a abrir siquiera un resquicio de comprensión a las víctimas de Córdova Bautista.

En otro trabajo periodístico, Sanjuana recogió el inicial mecanismo de protección dado al delincuente por quien debía sopesar las pruebas: Ya no anden viniendo por aquí. Ya se quejaron. ¿Qué más quieren? El padre [Eduardo] Córdova [Bautista] está enfermo. Compréndanlo. Ya no traigan más mamás. Yo les avisaré del avance del caso, espetó el sacerdote Tomás Ramírez, encargado de investigar las múltiples denuncias de las madres de la colonia El Paseo, cuyos hijos habían sido víctimas de abuso por el religioso 10 años atrás.

Morales Reyes se mantuvo al frente del arzobispado potosino hasta 2012, y nuevamente bajo su mandato hubo más denuncias contra el proceder del sacerdote Córdova Bautista. En 2008 la impunidad en favor del depredador no fue atajada; al contrario, debió haber recibido descansadamente el veredicto del tribunal eclesiástico que lo declaró inocente el 15 de julio de 2009.

Hace más o menos un mes cobró fuerza en medios informativos y redes sociales el caso de Eduardo Córdova. La presión de sectores importantes de la opinión publicada y pública comenzó a dar resultados. Con reticencias, pero conscientes de que era necesario hacer un control de mayores daños, emitieron un comunicado el vicario general, Benjamín Moreno Aguirre, y el canciller Fernando Ovalle González, a nombre del arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero (noticia de Vicente Juárez, La Jornada, 27/5). En el comunicado se desconoce la exculpación hecha en 2009 en favor de Eduardo Córdova y se agrega que el pasado 23 de abril fue suspendido de sus funciones y atribuciones ­ministeriales.

En la diócesis de San Luis Potosí se tardaron 10 largos años en hacer algo contra el depredador sexual serial, quien, por cierto, se encuentra prófugo. ¿Cómo tomar que ahora las autoridades eclesiásticas potosinas hacen una invitación al gobierno de la entidad a cumplir con su tarea de investigar los hechos e impartir justicia? ¿Y la responsabilidad encubridora de quienes desoyeron las denuncias, obstruyeron las investigaciones e hicieron todo por favorecer al abusador de infantes y adolescentes tendrá algún costo? Las autoridades de San Luis Potosí tendrían que enjuiciar al sacerdote Córdova Bautista; también a los altos clérigos que, pese a tantas evidencias de los delitos, lo dejaron continuar en su festín de continuados abusos sexuales.