Atlixco, Pue.

La campesina Enedina Rosas Vélez, presidenta del comisariado ejidal de San Felipe Xonacayucan, está presa desde hace mes y medio en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlixco por sostener mi palabra, por no acceder al prolongado acoso al que fue sometida por funcionarios del gobierno de Puebla que pretenden forzar a los ejidatarios a autorizar la venta de terrenos y derecho de paso para la construcción del gasoducto comprendido en el Plan Integral Morelos (PIM).

El ejido de Xonacayucan, ubicado dentro de la zona de riesgo volcánico naranja de las faldas del Popocatépetl, es apenas una de las 2 mil 61 propiedades que serían afectadas por el gasoducto, megaproyecto estrella de los gobernadores Rafael Moreno Valle, panista de Puebla, y Graco Ramírez Abreu, perredista de Morelos.

Enedina Rosas es viuda desde los 40 años. Sola sacó adelante a su familia, al tiempo que cultivó y mantuvo productiva su milpa. Fue electa presidenta del comisariado ejidal por su lealtad a la tierra. En esa posición, en los meses recientes resultó ser, sin deberla ni temerla, uno de los escollos a remover para coronar los grandes negocios que esperan beneficiarse con las multimillonarias obras del controvertido PIM.

El juez de lo penal de Altixco, Elmo Mayoral, emitió una orden de aprehensión en su contra bajo los cargos de obstrucción a la construcción de obra pública y el presunto robo de dos celulares, denunciado por uno de los empleados de la compañía constructora que ingresó al ejido el pasado 7 de marzo para empezar las obras de excavación, sin la autorización de la comunidad.

Otros dos líderes de comunidades de la región, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís, fueron acusados por el mismo cargo. Ninguno de los tres detenidos estuvo en el lugar de los hechos el día en el que supuestamente se robaron los aparatos telefónicos.

Rosas Vélez está recluida en el penal municipal de Atlixco, una cárcel maloliente y estrecha que se oculta detrás de los magníficos muros de ladrillo y talavera del palacio municipal.

Se mueve como si le pesara el cuerpo; apenas puede abrir los ojos, inflamados por el llanto. Le ha costado mucho remontar la depresión por estar encerrada, nos dice su hija Lucina Quintana Rosas. ¿Y qué le parece todo esto que está pasando? ¿Verdad que es una tremenda injusticia?, pregunta con ansiedad.

Desde hace un año, cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno poblano empezaron a cabildear con las autoridades municipales y los propietarios de los predios de los 12 municipios de la entidad que son afectados por el trazo del gasoducto, Enedina padeció un acoso que culminó con su detención, el 6 de abril.

Primero los licenciados de la CFE fueron a mi casa. Querían que les firmara unos papeles, autorizando que hicieran sus obras en el ejido. Pero yo no tengo facultad para autorizar nada, pues por ley la asamblea ejidal tiene que aprobarlo. ¿Y cómo cree que vamos a aceptar? ¿Quién quiere firmar para que el peligro entre a su propia casa? Ya se ha visto cómo los gasoductos revientan en otros lados. Peor en nuestro pueblo, que está en la zona de riesgo del volcán.

A la primera visita de las autoridades le siguieron muchas más. Me dijeron muchas veces: por la buena o por la mala van a tener que firmar. Yo les respondía: voy a hacer llegar su comentario a mis compañeros.

En ocasiones la interceptaban en la calle, o en el campo, camino a su terreno, donde siembra maíz, frijol, cilantro y rábanos. Una vez me llevaron a Casa Aguayo (la casa de gobierno, en la capital estatal). Otras, a las oficinas de la Procuraduría Agraria. Y dale y dale con que firme el permiso.

A Enedina Rosas Vélez le ha costado mucho remontar la depresión por estar encerrada injustamente, asegura su hija LucinaFoto cortesía de Lucina Quintana

Sostiene: Ellos, los licenciados, no piensan en la gente. No les interesan los niños. No comprenden a la gente mexicana. Sólo ven por sus negociazos y creen que con dinero todo lo pueden conseguir. Y pues no, los pueblos no siempre están de acuerdo. Por eso estoy aquí.

Fue en plena Semana Santa cuando la detuvieron. Aquellos días de abril, entre las nopaleras, las plantaciones de alfalfa y gladiolas que cubren la fértil tierra entre Santa Isabel Cholula y San Jerónimo Tecuanipan y ascienden por la ladera del Popocatépetl hacia Nealtican, aparecieron, alineados hasta donde se pierde la vista, los tubos de 30 pulgadas de diámetro, que se van a extender a lo largo de casi 160 kilómetros, enterrados a 1.20 metros de profundidad, desde Tlaxco, Tlaxcala, hasta Huesca, Morelos, atravesando por un costado del cráter 12 municipios poblanos.

En varios de estos sitios ya se mira enorme maquinaria en reposo. Cada día de espera representa pérdidas monetarias. En los convenios de la CFE con varias constructoras extranjeras se registran ya retrasos hasta de un año y multas multimillonarias que tendrán que pagar los estados colindantes mientras la maquinaria esté parada.

Según los planes, la infraestructura del PIM debería estar lista en dos años, para empezar a dar servicio a otros proyectos privados, de trasnacionales, como la gran planta ensambladora de la automotriz alemana Audi, similar o mayor que la planta poblana de Volkswagen, que se construye en San José Chiapa.

En declaraciones públicas, el gobierno de Moreno Valle afirma que la CFE ya adquirió 93 por ciento de los terrenos que va a necesitar. Y eso es cierto. Algunos terrenos fueron comprados por centavos; otros fueron arrebatados con sobornos o amenazas. Pero lo que no tienen es la anuencia de los pueblos, explica Mario Vélez, líder estatal del Frente Nacional de Pueblos y Organizaciones en Lucha, y dirigente de la Unión Campesina Democrática.

Comenta que han logrado centavear a algunas autoridades municipales, ejidales o comunales; a otras las han puesto entre la espada y la pared. Pero no han convencido a los pueblos ni a las asambleas ejidales o comunales.

Mientras tanto, en San Felipe Xonacayucan, donde el pueblo se había dividido –algunos aceptaron vender parte de sus terrenos; la mayoría se mantuvo firme–, los pobladores se han reagrupado en torno a la demanda de justicia para doña Enedina. Ahora todos se sienten con la obligación de apoyarla. Saben que ella está presa por cumplirle al pueblo. Nadie cree que ella sea capaz de robarse nada, ni siquiera un celular, resume Lucina Quintana Rosas, su hija.

El supuesto hurto de celulares fue clasificado por el juez como robo agravado. Si sólo se le hubiera acusado de obstrucción de obra pública, habría podido salir bajo fianza, aclara el abogado defensor Óscar Martín Rojas. Pero no hay ni una prueba que la inculpe, salvo el dicho del acusador.

Pese a las irregularidades en la causa penal 121/2014 arraigada en el juzgado de Atlixo, la defensa sigue en espera de una respuesta a su demanda de amparo, que permitiría la liberación de Rosas Vélez. Mientras, esta campesina sigue defendiendo lo que considera tiene el mayor valor: sostener su palabra de honor y no firmar la cesión de derechos de las tierras ejidales para que, en esas laderas de riesgo volcánico se construya un gasoducto. Porque, como ella dice, ¿quién va a querer meter el peligro a su casa?

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