Tras ‘‘siete largos’’ años de buscar justicia y la reparación del daño por la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos entre los días 24 y 25 de mayo de 2007 en Oaxaca–, sus familiares anunciaron que acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que el Estado mexicano ‘‘ha sido omiso’’ y no ha garantizado las condiciones para hallarlos con vida, sancionar a los responsables y acceder a la verdad y la justicia.

Al presentar el informe sobre la desaparición forzada de ambos integrantes del EPR, Nadín Reyes, hija Reyes Amaya, llamó a las autoridades mexicanas a modificar sus estructuras para que este tipo de delitos de lesa humanidad no se repitan. Indicó que en los casos de desaparición ‘‘nunca te pueden reparar el daño, pues es una forma de tortura tanto para la víctima como para sus familiares’’; por ello –señaló– es prioritario que más allá de una indemnización económica, el Estado mexicano tiene que garantizar el derecho a la verdad.

Durante un acto efectuado en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, con el que dio inicio la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, que concluirá el 30 de mayo–, Nadín Reyes llamó a no estigmatizar más a ambos militantes del EPR. “No son terroristas ni delincuentes, se trata de luchadores sociales que apostaron su vida por un mejor país’’.

Por su parte, Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto, recordó que se trata de un hombre ‘‘honrado, responsable y amoroso con sus parientes’’. Indicó que luego de que su hermano se fue de casa ‘‘sufrimos hostigamiento y persecución del gobierno e incluso se llevaron a mi hermano menor, de 11 años’’.

Sandino Rivero, representante legal de las víctimas, señaló que aun cuando existe una averiguación previa por desaparición forzada y delincuencia organizada, hasta ahora la Procuraduría General de la República sólo ha dirigido sus investigaciones a la hipótesis de que ambos ‘‘luchadores sociales’’ están muertos.

A su vez, el director del Centro Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, llamó al Estado mexicano a no prolongar más la justicia en este caso y hacer valer el estado de derecho. ‘‘Debe haber memoria y verdad, para ello se debe poner en el centro de la atención a la persona humana (...) Exigimos justicia y reparación por tantos daños causados’’.

Para Gilberto López y Rivas, quien formó parte de la comisión civil de mediación para resolver estas dos desapariciones, en lugar de reivindicarse y mostrar voluntad al resolver el caso, sólo se demostró que el Estado ‘‘es canalla y criminal’’.

Apoyos en Chiapas y Guerrero

Por su parte, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) exigió en Chiapas la presentación con vida de ambos eperristas. Representantes de la agrupación informaron que del 26 al 30 de mayo, durante la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, tendrán actividades en el Distrito Federal, Michoacán, Puebla, Veracruz e Hidalgo para demandar la aparición de sus compañeros.

Asimismo, en Guerrero, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) demandó la presentación de Gilberto Romero Vázquez, quien el pasado 24 de mayo cumplió 19 años desaparecido, informó Benigno Guzmán Martínez.

Recordó que ‘‘el 3 de mayo de 1995 recibimos al entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer en Tepetixtla. Ese día Gilberto Romero leyó el pliego petitorio en el que planteábamos las necesidades de los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, Petatlán, La Unión y Coahuayutla’’.

Entre las peticiones estaba la salida del Ejército y las corporaciones policiacas de la sierra guerrerense. ‘‘El gobernador Figueroa’’ se fue muy molesto, indicó.

‘‘¿Cuántos años deben pasar para que este caso sea investigado? ¿Se castigará a los responsables intelectuales y materiales?’’, preguntó.

(Elio Henríquez y Sergio Ocampo, corresponsales)