Organizaciones civiles aglutinadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, entre ellas los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19 y Servicios y Asesoría para la Paz, se reunieron con la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña (PRD), a quien demandaron que la reforma al artículo 29 constitucional para regular el estado de excepción sea discutido ampliamente por académicos, expertos, organizaciones civiles y ciudadanos”.

El director del centro Fray Francisco de Vitoria, el sacerdote Miguel Concha Malo, demandó en nombre de esas organizaciones ‘‘la realización de una consulta amplia sobre el estado de excepción con el objetivo de enriquecer la propuesta legislativa, tema que ya estaba agendado para su votación en el pleno del Senado el pasado 30 de abril, pero la senadora De la Peña, a petición de las organizaciones civiles, pidió que ese dictamen no se discutiera en ese momento’’.

José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, manifestó por su parte que el dictamen aprobado en comisiones ‘‘contiene cláusulas que abren la puerta para que el Ejecutivo se extralimite en sus funciones relativas a la suspensión de derechos’’.

Añadió que el dictamen ‘‘contiene supuestos de restricción y suspensión de derechos humanos no autorizados en la Constitución, en la Organización de Naciones Unidas, ni en los tratados internacionales signados por México’’.

Julio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, destacó que se deben adecuar medidas adecuadas que reparen a la sociedad los daños ocasionados por la violación de garantías y que desincentiven al Ejecutivo de utilizar estas medidas.