El gobierno de Enrique Peña Nieto heredó no sólo un banco de datos con 26 mil 121 nombres de personas desaparecidas, sino un boquete en cuanto a casos mínimamente documentados. Casi 40 por ciento de los hechos registrados no tenían averiguación previa o sólo contaban con un acta circunstanciada, es decir, posiblemente había casi 13 mil expedientes sin alguna investigación en curso.

Existía también un segmento de 5 mil 597 casos reportados como sin averiguación previa ni acta circunstanciada.

Un documento al que tuvo acceso este diario indica que durante los primeros meses de 2013, las autoridades federales prácticamente no tenían de dónde asirse para depurar la lista, cuya existencia reveló la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, luego de una reunión con un directivo de Human Rights Watch.

El cotejo representaba una tarea enorme. Acorde con el diagnóstico inicial del gobierno, era necesario verificar formalmente si las procuradurías y fiscalías pueden iniciar legalmente una investigación y, en caso de que sea posible, si pretenden hacerlo y si los casos que sí tienen averiguación previa no han sido concluidos.

En 95 por ciento de los expedientes, señala el documento, la entidad que reporta el caso es la misma donde la persona no localizada fue vista por última vez.

Según el balance de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR) tenía a su cargo 13 por ciento de los casos (de la lista general). Sin embargo, de ese apartado, más de 60 por ciento no tiene averiguación previa ni acta circunstanciada registrada, por lo que era necesario consultar formalmente con ésta para determinar si refrenda esa cifra.

El miércoles pasado, durante dos reuniones con integrantes de organizaciones no gubernamentales integradas por familiares de desaparecidos, y horas antes de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, diera alguna cifra, el tituñar de la PGR, Jesús Murillo Karam, reveló que al 15 de mayo de este año, con la depuración del listado, la construcción de una sola base de datos y la realización de investigaciones directas se logró encontrar con vida a 15 mil 541 personas reportadas como desaparecidas durante la administración anterior. También dijo que otras 781 ya habían fallecido.

En ese contexto, según información proporcionada por familiares de víctimas que participaron en los encuentros y funcionarios que forman parte del gabinete de Seguridad Nacional, aún falta localizar a 13 mil 195 personas de la lista que dio a conocer la subsecretaria Lía Limón.

En tanto, durante una reunión con senadores Osorio Chong dio a conocer que en lo que va de esta administración, que empezó en diciembre de 2012, se han reportado 16 mil casos de desaparición, de los cuales se ha localizado con vida a 8 mil personas.

Según las estadísticas gubernamentales, de 2005 al 30 de abril de este año las autoridades han recibido 43 mil reportes de desaparición, y de éstos han encontro con vida a 23 mil 541 personas consideradas no localizadas, y en mil 166 casos se confirmó que habían fallecido.

Según Osorio Chong, todos los datos con que se ha certificado que están vivos o ya fallecieron los involucrados en cada uno de los casos reportados, se han documentado en la base que se creó ex profeso.

La PGR presuntamente posee cifras que revelarían que en alrededor de 30 por ciento de los expedientes de personas reportadas como desaparecidas se duplicaron o triplicaron las averiguaciones previas porque los familiares acudieron ante distintas autoridades.

Acorde con la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, un extraviado es aquel “... que por circunstancias ajenas a su voluntad desconoce o no recuerda sus datos de filiación, identidad y domicilio…”, y por desaparecido: aquella “…que, con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado internacional o no internacional, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de alguna autoridad pública competente”.

Los funcionarios consultados refirieron que la PGR ya integró los datos aportados por las procuradurías de todo el país, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal.