La propuesta del magistrado Flavio Galván de que el tribunal electoral deje de pertenecer al Poder Judicial de la Federación (PJF) va contra la tendencia de constitucionalismo moderno en el ámbito internacional, que busca hacer eficiente el manejo de recursos y tener más control sobre los juzgadores para evitar actos de corrupción.

Además, el constitucionalista Elisur Arteaga agregó que la propuesta de Galván es un acto de ignorancia e irresponsabilidad, porque lo que realmente pretende es que los magistrados electorales no rindan cuentas a nadie en materia de administración y manejo del presupuesto.

Ello, porque el actual esquema garantiza plenamente la autonomía e independencia de sus sentencias y sólo en materia de constitucionalidad es la Suprema Corte la que tiene la última palabra.

En entrevista sobre la postura del magistrado el pasado miércoles, cuando sus compañeros de pleno aseguraron que si bien no recibirían un haber de retiro –previsto en la reforma electoral que todavía no se promulga– estaban en favor de que sus sucesores sí lo recibieran, como forma de garantizar la independencia del tribunal electoral. Arteaga agregó que la postura de los magistrados sobre este estipendio es indignante, cuando la máxima pensión prevista por el Issste a los trabajadores del Estado ronda los 16 mil pesos mensuales.

Agregó que el actual esquema donde el tribunal electoral forma parte del Poder Judicial garantiza la autonomía e independencia en la labor jurisdiccional de los magistrados electorales.

Recordó que las decisiones de los magistrados son definitivas e inatacables, y que la Corte sólo puede resolver asuntos que tienen que ver con la constitucionalidad de las leyes, lo que no afecta la autonomía del tribunal electoral.

Lo que no le gusta al magistrado, destacó el constitucionalista, es que no pueden manejar libremente su presupuesto ni sus acciones administrativas.