Integrantes de organizaciones sociales entregaron ayer a la Comisión de Derechos Humanos del Senado observaciones tendientes a evitar que en la reforma a la ley del artículo 29 constitucional se incluyan elementos que permitirían declarar el estado de excepción de forma laxa y en situaciones que no lo ameriten.

Carlos Ventura, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, explicó que durante la reunión los activistas entregaron a los legisladores un documento con 10 observaciones para ser incluidas en el dictamen final sobre el tema.

Entre ellas, piden señalar con claridad si en el estado de excepción las garantías básicas se restringen o se suspenden, además de definir el significado de conceptos como paz pública o grave peligro y crear un catálogo cerrado de situaciones que ameritan declarar este herramienta jurídica.

De igual forma, las organizaciones piden aclarar por qué en el documento original de reformas no se incluía el principio de necesidad para decretar el estado de excepción, determinar cuáles son los derechos de las personas en caso de que sean víctimas de una violación de derechos humanos, acotar la vigencia de dicho recurso y definir cómo el Congreso puede modificar e incluso derogar decretos presidenciales.

Todos esos puntos, subrayó Ventura, buscan evitar que en la ley reglamentaria del artículo 29 se incluyan artículos muy laxos que sirvan para justificar el estado de excepción en condiciones que realmente no lo merezcan, como una forma de reprimir movilizaciones de descontento.

Queremos que esto sea el inicio de un proceso de consulta con académicos y organizaciones, y la Comisión de Derechos Humanos (del Senado) está en disposición de no sacar las reformas en los próximos periodos extraordinarios. Ellos (los legisladores) dijeron que van a retomar estas propuestas para perfeccionar el dictamen y que sea un trabajo de largo aliento y no apresurado, resaltó.