Luego de concretarse la reforma a la Ley Federal del Trabajo, las condiciones de los empleados se han vuelto más precarias, con el crecimiento del outsourcing (subcontratación), el desmantelamiento de conquistas históricas del sector obrero, la convalidación del despido fast track y el aumento del desempleo, advirtió el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) en su 17 Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales 2013.

Durante la presentación del documento, Manuel Fuentes Muñiz, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y especialista en asuntos laborales, indicó que en el estudio puede verificarse el empeoramiento del contexto de trabajo para la gran mayoría de la población mexicana, en particular de sectores como los jóvenes y las mujeres.

Además del surgimiento de contratos basura, mediante los cuales los patrones pueden despedir a sus empleados sin tener responsabilidad alguna hacia ellos, alertó, en México se consolidan fenómenos como la ampliación de las jornadas de trabajo –sin el correspondiente pago extra– y la anulación de la representatividad de los intereses de los obreros por medio de sus sindicatos.

De igual forma, dijo, las autoridades ocultan las cifras reales de escasez de fuentes laborales mediante una metodología usada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según la cual ya no se considera desempleada a una persona que trabaje por lo menos una hora a la semana.

Por otra parte, señaló Fuentes, el análisis del Cereal da cuenta de que la población joven es la más expuesta a los accidentes de trabajo, muchos de ellos generados por falta de capacitación o de condiciones laborales adecuadas, sin tener la posibilidad de recurrir ante juzgados en la materia.

Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, aseveró que una de las actividades con mayor nivel de riesgo sigue siendo la minería, pues muchas de las personas que se dedican a ella continúan haciéndolo en centros clandestinos.

Un ejemplo de la falta de interés de las autoridades en esta materia, puntualizó, es que la subdelegación de la Secretaría del Trabajo en Coahuila –donde se encuentra la región carbonífera– sólo tiene 28 inspectores, cuatro vehículos en mal estado y un presupuesto anual de 282 mil pesos para verificar alrededor de 500 minas no registradas.