Tlalnepantla, Mor., 19 de mayo.

El gobernador Graco Ramírez, el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer, y el fiscal, Rodrigo Dorantes, sabían que la tesorera del municipio de Tlalnepantla, Jeny Sánchez –asesinada el viernes pasado por un comando en la alcaldía– había recibido amenazas y que el crimen organizado le exigía dos millones de pesos, aseguró su hermano, Fredy Sánchez.

Sánchez mostró copia de la carpeta de investigación que su hermana inició el 4 de abril ante la Fiscalía General de Justicia estatal por extorsión, pero esa dependencia y otras autoridades que fueron notificadas se negaron a hacer algo.

Agregó que el 26 de marzo la tesorera recibió una llamada en la cual le exigieron dos millones de pesos. En días siguientes hubo más llamadas y mensajes de texto en los cuales los extorsionadores le advirtieron que si no entregaba el dinero la matarían a ella o a su hermano.

La funcionaria municipal y su familiar informaron a Messeguer y a Graco Ramírez sobre las amenazas y exigieron protección pero las autoridades estatales no actuaron.

Mi hermana no era importante, pero tenía un cargo público. Si esto queda así con una persona que hace una denuncia y acude con el mismo secretario de Gobierno, ¿qué podemos esperar los demás?, se quejó Fredy.

Nunca le pusieron seguridad; nomás le tomaron declaración y ahí quedó. Por más que insistimos, el mismo gobernador sabe, el secretario de Gobierno, el de Seguridad (estatal, Alberto Capella), todo mundo estaba enterado, hasta el de Agricultura (Roberto Ruiz), destacó.

Fredy Sánchez, hermano de la tesorera del municipio de Tlalnepantla, Morelos, asesinada el 16 de mayo, muestra copia de la denuncia que Jeny Sánchez presentó ante la Fiscalía del estado por amenazas e intento de extorsiónFoto Rubicela Morelos

Fredy Sánchez sostuvo que las amenazas de muerte contra su hermana se cumplieron y los homicidas simularon un asalto para matarla en la alcaldía de Tlalnepantla. Negó también, como informó la fiscalía, que su hermana hubiera opuesto resistencia.

Exigió justicia y dar con los verdaderos responsables, que la fiscalía no recurra a chivos expiatorios y que se investigue al alcalde perredista Fausto Rubio Pillado, quien tenía diferencias con la víctima por la emisión de cinco cheques por un total de 700 mil pesos, sin justificación, en marzo pasado.

También cuestionó que casualmente ese día los policías que cuidaban el ayuntamiento no recibieron balas, por lo que estaban inermes ante los asaltantes.

La regidora panista Maribel Rosales, el síndico Cristóbal Trejo y el alcalde, Fausto Rubio, también demandaron que el asesinato se esclarezca lo más pronto posible.

Maribel Rosales dijo que en la más reciente sesión de cabildo quedó pendiente que el alcalde justificara la emisión de los cheques citados, y la tesorera quedó en que solicitaría informes al banco sobre quién o quiénes cobraron esos documentos, de los cuales al menos dos se entregaron en blanco al edil.