mpieza a ser evidente que el gobierno está en una situación difícil. En todas las áreas de gestión aparece el déficit. Para citar dos decisivas: la económica y de seguridad pública parecen ser portadoras de graves riesgos. Si la crisis se manifiesta simultáneamente en varias, el sexenio puede terminar muy mal. Muy grave la situación económica: prácticamente estamos en recesión desde hace nueve meses, lo que implica baja generación de empleos, pérdida del poder adquisitivo y caída de consumo privado. No va a ser sencilla la recuperación rápida y habrá efectos negativos múltiples difíciles de revertir en menos de tres años. El posible efecto de las llamadas reformas estructurales tendrá que esperar hasta 2018 o más tarde, como reconocen los propios voceros del gobierno. Respecto a la seguridad pública, el empeoramiento por el incremento de los asesinatos y otros delitos laterales hace que sólo 19% de la población pueda tener una opinión positiva del gobierno. De hecho, la aprobación ciudadana para la Presidencia de la República se encuentra en el punto más bajo de los últimos cinco sexenios.

Una salida sería cambiar la ruta de la economía. El modelo lleva 30 años con rendimientos decrecientes, pero para el gobierno no hay otro remedio porque el sostén del régimen son los grupos de interés que salen beneficiados y que no quieren cambios. También es muy difícil controlar la corrupción, que es el sistema mismo, y Peña no puede disciplinar a los corruptos porque está entre ellos y los necesita. Si no reorienta la economía, el desempleo llevará a miles de jóvenes a incorporarse a las organizaciones delictivas, lo que acelerará la descomposición. No es de esperarse ajustes en políticas anticíclicas o en combate real a los monopolios, ni suponer que se atreverá a perseguir a algunos de los más corruptos; estos tienen información suficiente para sentirse a salvo.

La política-política de Peña está determinada por la necesidad de mantener el estatus quo, es decir, tenderá a ser cada vez más rígida y autoritaria. Ninguno de sus principales consejeros tiene antecedentes democráticos. Es muy difícil esperar una reforma como la de Zedillo, que ante una situación económica muy crítica (1994-1996) respondió abriendo el sistema y permitiendo la alternancia, primero en el DF y en el Congreso, y después en la Presidencia. Las señales negativas llegan a ser siniestras: reversión en las leyes secundarias de los avances constitucionales, control cada vez más estricto de los medios para inducir a la opinión pública, decisiones irresponsables e impopulares, como imponer las millonarias pensiones de retiro de los de los magistrados electorales, que han sido sospechosos de encubrir las irregularidades en los comicios.

Es de temerse que el régimen responda a la crisis múltiple que se está gestando apretando las clavijas; las consecuencias pueden ser fatídicas para ellos y para nosotros, porque estamos en el mismo barco.

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