La Cámara de Diputados avaló anoche en sus términos la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley general de instituciones y procedimientos electorales, se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La víspera, en el Senado la línea aprobatoria fue dictada por los tres partidos políticos dominantes en el Congreso: la minuta no sufriría cambio alguno en la Cámara de Diputados.

Así ocurrió. Durante una tortuosa sesión en la que el deporte entre priístas, panistas, verdes y neoaliancistas fue levantar el brazo para rechazar los 89 artículos reservados por la oposición del PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. De tal forma no prosperaron los argumentos en contra de una reforma considerada “un albazo, un remedo de ocurrencias”, que complicará la organización de los comicios federales intermedios del año próximo.

Al cierre de la edición, los diputados aprobaron el dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la ley general de partidos políticos.

Fue el presidente de esa comisión, Alejandro Moreno Cárdenas, quien argumentó en apoyo a la ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia político electoral: Busca ordenar la participación en los procesos electorales y locales. Parte de la necesidad permanente de actualizar nuestro marco jurídico a la realidad de nuestra complejidad democrática. Tenemos la garantía que esta reforma política secundaria abreva de la experiencia obtenida a lo largo de todos estos años en materia electoral, mientras que se supone un nuevo rumbo de continuidad a lo positivo, a la vez que dé transformación a todo lo necesario, que nos dé certeza, transparencia y equidad.

Cuestionamientos

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Movimiento Ciudadano subió a tribuna para argumentar una moción suspensiva contra el dictamen porque “no es producto del consenso. Es resultado del arrebato, del agandalle y del oportunismo político; es un vulgar trueque, una moneda de cambio…pocos de ustedes conocen el contenido del dictamen que se ha sometido a la consideración de la asamblea y menos aun lo entienden, aunque lo votarán a favor, como ya es costumbre, de manera mecánica e irreflexiva y según las indicaciones recibidas”.

La ley general de instituciones y procedimientos electorales, aprobada anoche en dos bloques, establecerá la obligación para los partidos políticos de garantizar la igualdad de oportunidades, y la paridad entre mujeres y hombres, para tener acceso a cargos de elección popular; independientemente del tipo de elección, convenio de coalición y términos precisados en el mismo, cada uno de los partidos políticos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral; se garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos conforme a sus tradiciones y normas internas.

Se faculta al Instituto Nacional Electoral (INE) para ordenar la suspensión de propaganda política o electoral en radio y televisión; los concesionarios no podrán alternar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por la autoridad comicial en materia de propaganda electoral.

Más tarde, los diputados abordaron la ley general de partidos políticos que contiene las obligaciones de esos institutos para actuar con transparencia. No se podrá –según la norma– reservar la información relativa a la asignación y ejercicios de los gastos de campaña, de precampaña y gastos en general del partido político con cuenta al presupuesto público.

En ese cuerpo legal se autoriza el financiamiento privado a los partidos políticos, cuyo límite de aportaciones será así: militantes, el dos por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año en que se trate. Candidatos, así como simpatizantes durante los procesos electorales, 10 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos. Simpatizantes, tendrán como límite individual anual 0.5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.

En la aprobación particular de los artículos reservados del primer dictamen de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, donde se incluyó la pensión de los magistrados electorales, el PRI, sus aliados los verdes y el partido de Elba Esther Gordillo, Nueva Alianza, junto a un sector de panistas, se impusieron al PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo.