Desde que políticos y académicos se integraron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –por disposición del Presidente de la República en turno o elegidos por el Senado–, una de sus demandas fue contar con una pensión vitalicia o alguna remuneración adicional que les permitiera continuar recibiendo las prerrogativas y sueldos de los integrantes del Poder Judicial de la Federación.

Posteriormente, la misma iniciativa la expandieron los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que no contaban con carrera judicial por no ser magistrados de circuito.

La diferencia es que los ministros del máximo tribunal son designados al cargo por 15 años, mientras que los magistrados electorales de la sala superior lo son por 10 años.

Hubo varios intentos infructuosos por alcanzar esas prebendas; el más reciente intento fue en febrero de 2013, cuando el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) discutió una propuesta para que los magistrados electorales sin carrera judicial que dejaran el cargo se convirtieran en magistrados de circuito, con lo que tendrían garantizados sueldos y prestaciones inferiores únicamente a las que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La propuesta no prosperó. Años atrás otros consejeros también pedían pensión vitalicia como la que reciben los ministros del máximo tribunal, la cual consiste en percibir durante los dos primeros años de su jubilación el equivalente al ciento por ciento de su salario y el resto de su vida 80 por ciento.

De acuerdo con el Manual de Percepciones del Poder Judicial de la Federación 2014, los ministros y los consejeros de la Judicatura Federal perciben prácticamente el mismo salario. En promedio, casi 3 millones de pesos anuales, mientras que los magistrados de circuito suman al año ingresos cercanos a los 2 millones 200 mil y los jueces de distrito obtienen casi un millón 950 mil pesos por año.

Lo anterior, sin contar seguro de gastos médicos mayores, gastos de representación, automóvil y chofer, entre otros. Además, todos los funcionarios judiciales de alto nivel tienen la posibilidad de ahorrar 10 por ciento de su sueldo mensual y el gobierno federal aporta otro tanto para conformar una especie de cuenta para el retiro. Esta cantidad les es entregada al término de su gestión.

Por su parte, magistrados y jueces federales cuentan con un fideicomiso especial que les permite incrementar sustancialmente su pensión en relación con el resto de los trabajadores del Estado.

Durante la presidencia de Genaro David Góngora Pimentel al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1999-2003), el entonces consejero de la Judicatura y actual ministro del máximo tribunal Sergio Valls Hernández, hizo gestiones entre sus compañeros para lograr que al término de los cinco años de su encargo los consejeros recibieran una pensión equivalente a la de los ministros.

La medida tenía como destinatarios a los consejeros que son nombrados por el Presidente de la República y por el Senado, quienes argumentaban que –a diferencia de los magistrados de circuito designados por la SCJN, quienes al término de su cargo podían regresar a sus tribunales de origen– ellos quedaban sin empleo. En aquel entonces, los ministros rechazaron la intentona y maniobraron para que el CJF hiciera lo propio. Entre los magistrados electorales la inquietud fue la misma, particularmente entre aquellos que no tenían carrera judicial.

De acuerdo con fuentes judiciales, el ex senador panista César Jáuregui, quien fue consejero de la Judicatura hasta marzo pasado, hizo saber a sus compañeros la intención de que al término de su encargo lo nombraran magistrado de circuito. Tenía como antecedente el proyecto de acuerdo del CJF elaborado por el entonces consejero (magistrado de circuito) Juan Carlos Cruz Razo, quien propuso que al término de la gestión los magistrados electorales se convirtieran en magistrados de circuito. El proyecto fue desechado por los otros consejeros en sesión privada del 20 de febrero de 2013.